En el Perú ya nada sorprende: hospitales sin medicinas, policías sin chalecos, colegios sin profesores y agricultores abandonados. Pero en La Libertad, bajo la batuta de César Acuña, sí hay plata para camionetas de lujo. Según reveló Cuarto Poder, el Gobierno Regional pagó más de 17 millones de soles adicionales por 100 patrulleros respecto a lo que desembolsó Áncash por el mismo lote y a la misma empresa. ¿Milagro económico? No. Es la fórmula criolla donde 1 camioneta puede costar más que otra idéntica, solo porque así lo decide la burocracia regional.
La operación fue ejecutada en dos procesos de licitación pública en octubre de 2024. El ganador: Maquinarias S.A., una empresa que debe haber aprendido que en Perú el precio no depende de la calidad del producto, sino de la generosidad del comprador estatal. Lo curioso —o indignante— es que apenas 24 horas después, la misma compañía vendió los mismos vehículos a Áncash por casi 3.5 millones de soles menos. La matemática no falla: cuando se trata de dinero público, siempre aparece un sobreprecio “justificado”.
El gobernador Acuña, con su acostumbrado estilo de distanciarse de los problemas, declaró que no sabía nada y que “si hay corrupción, se sancionará”. Palabras que suenan como música de fondo mientras los ciudadanos se preguntan por qué sus impuestos terminan pagando la fiesta. Es la misma lógica de siempre: la culpa nunca llega al jefe, sino a un funcionario fantasma que, como en las novelas de realismo mágico, desaparece justo antes de que empiece la investigación.
Y la justificación técnica raya en lo absurdo. Se alegó que el precio inflado se debía a servicios adicionales: mantenimiento extendido y monitoreo satelital. Sin embargo, Cuarto Poder verificó que esos beneficios aplicaban solo a 45 de las 100 unidades. Los otros 55 patrulleros quedaron en el mismo estado que los de Áncash. En resumen, el Gobierno Regional compró a precio premium, pero recibió un paquete básico.
Este caso no es aislado. El mismo Acuña ha estado envuelto en escándalos por el programa Procompite, que movió 58 millones de soles y terminó en denuncias de cobros indebidos a emprendedores. Funcionarios exigían entre S/5,000 y S/25,000 para asegurar proyectos, mientras los procesos estaban plagados de expedientes ilegibles, falta de sustento técnico y “ganadores” que nunca recibieron lo prometido. En cualquier país serio, esto sería un terremoto político; en el Perú, apenas un titular de domingo que se olvida el lunes.
El caso de los patrulleros es más que un mal contrato: es la evidencia de que la corrupción en el país se recicla con la misma facilidad con que se cambian de nombre las empresas proveedoras. Hoy es La Libertad, ayer fue Arequipa o Loreto, mañana será cualquier otra región. Y en todos los casos, el libreto es idéntico: sobreprecios, excusas técnicas, ausencia de control real y un gobernador que se declara víctima de sus propios subordinados.
Reflexión final
La catadura política de César Acuña se mide en sus hechos: sobrecostos, programas clientelistas y silencio conveniente. Pero en el Perú, estas historias no inhabilitan carreras políticas; al contrario, las alimentan. Mientras Dina Boluarte sobrevive blindada por el Congreso hasta el 2026, su socio ocasional aparece en escena con un currículum lleno de escándalos y, aun así, con aspiraciones presidenciales intactas. El país se ha acostumbrado tanto al descaro que hasta lo convierte en plataforma electoral.
Y así seguimos: ciudadanos que pagan impuestos como si viviéramos en Suiza, pero reciben servicios como si estuviéramos en la Edad Media. Mientras tanto, los patrulleros con sobreprecio circulan orgullosos como monumentos rodantes al despilfarro. Porque en el Perú, los únicos que no pierden nunca son los políticos y las empresas que negocian con ellos; el resto, como siempre, seguimos financiando el circo.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra