El sistema de pensiones en el Perú atraviesa una etapa de transformación histórica. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció que, a partir de octubre de 2025, se prepublicará la normativa que permitirá a bancos, financieras y aseguradoras participar en la administración de los fondos de pensiones, hasta ahora gestionados únicamente por las AFP. Esta apertura democratiza el mercado y proyecta un cambio profundo: mayor competencia, reducción de comisiones y nuevas garantías para los afiliados, incluyendo la creación de una pensión mínima universal.
En un país donde la confianza en las instituciones ha sido erosionada por la corrupción y la falta de equidad, esta reforma plantea un camino para fortalecer la protección social, al tiempo que introduce transparencia y eficiencia en la gestión de los ahorros previsionales.
El superintendente Sergio Espinosa explicó que el nuevo reglamento permitirá que entidades financieras con solvencia, infraestructura y gestión adecuada ingresen al mercado de pensiones, sin la necesidad de constituir una AFP independiente. Esto no solo reducirá los costos de operación, sino que también podría traducirse en menores comisiones para los afiliados, quienes durante años han reclamado un sistema más justo y eficiente.
La lógica es clara: un mercado más competitivo genera mejores condiciones para el usuario. Al abrir la competencia a bancos y aseguradoras, las AFP tendrán que innovar, mejorar sus servicios y transparentar procesos para mantener su base de clientes. En paralelo, las nuevas entidades tendrán la oportunidad de diversificar su portafolio de servicios, generando un ecosistema financiero más integrado.
La reforma también plantea un elemento clave de justicia social: la implementación de una pensión mínima universal, un beneficio inexistente hasta ahora en el sistema privado. Con ello, se busca asegurar que todo afiliado, bajo determinadas condiciones, reciba un ingreso básico en su jubilación, independientemente de la rentabilidad acumulada. Esta medida, alineada con estándares internacionales, representa un paso decisivo hacia un sistema previsional más inclusivo y solidario.
Otro aspecto fundamental de la reforma es la seguridad jurídica y la sostenibilidad. La SBS ha dejado en claro que el dinero de los afiliados será destinado exclusivamente a pensiones, descartando la posibilidad de nuevos retiros extraordinarios que debiliten el sistema. Espinosa señaló que, tras años de medidas excepcionales que afectaron la estabilidad del ahorro previsional, ahora es tiempo de dar previsibilidad al sistema para garantizar beneficios sostenibles en el largo plazo.
Asimismo, se implementarán mecanismos para evitar conflictos de interés. Las empresas que administren pensiones y, a la vez, ofrezcan otros productos financieros estarán obligadas a cumplir con estrictos estándares de supervisión. La meta es clara: que el afiliado sea el centro de la reforma y que la rentabilidad de sus ahorros se traduzca en pensiones dignas.
Finalmente, la reforma posiciona al Perú en un mejor escenario internacional. La presentación de estos avances en foros como la OCDE refuerza la imagen del país como un actor comprometido con modernizar su sistema previsional bajo principios de transparencia, sostenibilidad y protección social.
La apertura del sistema de pensiones a bancos y aseguradoras no es solo un cambio regulatorio: es un avance estructural en la construcción de un sistema más competitivo, transparente e inclusivo. El beneficio inmediato para los ciudadanos será la reducción de comisiones y el acceso a más opciones; el beneficio de fondo será un esquema que garantice pensiones mínimas y sostenibles, fortaleciendo la seguridad social en el país.
En tiempos en que la desconfianza y la informalidad parecen dominar el panorama, esta reforma abre una ventana de esperanza: la posibilidad de que la competencia y la ética empresarial trabajen juntas en beneficio de los peruanos. La gran tarea será que el Estado, las entidades financieras y la sociedad civil vigilen que este cambio no pierda su rumbo, y que el objetivo central —proteger al afiliado y asegurar pensiones dignas— nunca quede relegado.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra