Ecuador nos acaba de dar un aviso que debería retumbar en Palacio de Gobierno como sirena de emergencia: Los Choneros y Los Lobos, bandas criminales catalogadas como terroristas por Estados Unidos, ya operan en la frontera. El problema no es la advertencia, sino la respuesta peruana: silencio, inercia y un desgobierno que parece convencido de que los comunicados sustituyen a la estrategia. Dina Boluarte no tiene plan de gobierno, mucho menos un plan fronterizo. Y así, el país se convierte cada día en terreno fértil para el crimen organizado.
El espejo es claro. Ecuador reaccionó tarde y hoy está sumido en una crisis de violencia que deja miles de muertos al año. Allí las mafias mandan más que los alcaldes y controlan territorios enteros. En Perú vamos por la misma autopista, pero con la particularidad de que seguimos discutiendo si la ruta es peligrosa o no. Mientras tanto, las cifras ya nos condenan: más de 1,200 homicidios en 2025, extorsiones que llegan hasta los colegios, secuestros como pan de cada día y una minería ilegal que recauda más que el propio Ministerio de Economía.
Juan Zapata Silva, exministro ecuatoriano, lo explicó con crudeza: la debilidad institucional abre la puerta a las mafias. Aquí esa debilidad se llama desgobierno. La policía carece de chalecos antibalas y patrulleros, los fiscales son desplazados cuando investigan demasiado, el Congreso se especializa en blindar a la presidenta y no a los ciudadanos. Mientras tanto, el crimen sí tiene plan: estructura, jerarquías, logística y una capacidad de zonificar el país que el propio Estado envidia.
El colmo es que, frente a esta emergencia, la respuesta oficial es anunciar cárceles en islas, cazas supersónicos y discursos sobre la “orfandad de la patria”. Es decir, pura escenografía militarista mientras en los barrios se reparten las zonas de cobro de cupos como si fueran distritos electorales. Las fronteras, convertidas en coladores, son la autopista de la droga y las armas, mientras el Ejecutivo mira hacia otro lado.
Y cuando Ecuador habla de que la política no debe caer en manos del crimen, aquí esa advertencia llega con ironía tardía. Ya tenemos alcaldes vinculados a mafias, congresistas sospechosamente silenciosos frente al avance del narco y autoridades que se hacen expertas en excusas. La línea entre poder político y poder criminal no es delgada: es prácticamente inexistente.
El Perú no está en riesgo de ser tomado por las mafias: ya lo fue. Lo único que falta definir es si vamos a reaccionar o si aceptaremos ser Ecuador versión 2.0, con titulares sangrientos cada semana y autoridades que solo atinan a enviar condolencias. Dina Boluarte no tiene plan, no tiene estrategia y no tiene liderazgo. El Congreso, fiel acompañante, vive contando los días hasta el 2026. Mientras tanto, las organizaciones criminales no cuentan los días: cuentan las ganancias.
Reflexión final
El sarcasmo es inevitable. Mientras Estados Unidos declara terroristas a Los Choneros y Los Lobos, en Perú seguimos creyendo que todo se arregla con un comunicado del Mininter o una foto de nuevos patrulleros que nunca llegan. El crimen no espera licitaciones ni discursos: avanza, ocupa y gobierna. El verdadero terror no está en la frontera, está dentro de nuestras ciudades, donde cada peruano cumple cadena perpetua de miedo. Y el gobierno, como siempre, prefiere seguir en piloto automático.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra