Cuando un gobierno pierde legitimidad dentro de sus fronteras, suele buscar consuelo en la indiferencia internacional. El problema para Dina Boluarte es que ni eso le queda: la comunidad internacional ha empezado a marcar distancia. El pronunciamiento del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre la cuestionada ley de amnistía confirma lo que ya es inocultable: el Perú atraviesa un retroceso democrático que ya preocupa al mundo.
El mensaje desde Ginebra no deja lugar a interpretaciones amables. Türk advirtió que la amnistía aprobada por el Ejecutivo y el Congreso “representa un retroceso para la justicia y la verdad”. Lo dijo frente al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, cuyo prontuario de polémicas ya sería suficiente para encabezar un manual de lo que no debe ser un servidor público. La escena fue elocuente: mientras el régimen se atrinchera en un discurso de “soberanía”, la ONU le recuerda que los derechos humanos no son negociables.
No se trata de un hecho aislado. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había alertado sobre el uso desproporcionado de la fuerza en las protestas que dejaron decenas de muertos. En 2024, relatores de la ONU advirtieron sobre el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Ahora, el alto comisionado eleva la advertencia: no es solo un gobierno desbordado, sino un régimen en consolidación autoritaria.
La amnistía aprobada no es una norma cualquiera. Es un salvavidas político que busca blindar a quienes cargan con la responsabilidad de violaciones de derechos humanos en los años más oscuros del conflicto interno, y que además envía el mensaje de que la impunidad puede oficializarse con firma presidencial. Si a esto se suma el hostigamiento a la prensa, el copamiento de instituciones y el desgobierno frente a la delincuencia y la corrupción, el panorama resulta aún más sombrío.
Que sea la ONU quien levante la voz coloca al Perú en el radar global de los regímenes cuestionados. Es la misma vitrina en la que aparecen gobiernos que manipulan la justicia, restringen libertades y se aferran al poder a costa de sus ciudadanos. El aislamiento internacional, más que una sanción política, es el espejo que revela en qué se está convirtiendo nuestro país: un Estado que, mientras se proclama democrático, actúa como si las reglas fueran un estorbo.
Pero este aislamiento tiene un efecto inesperado: fortalece a la ciudadanía. Saber que el reclamo por verdad, justicia y dignidad tiene respaldo más allá de nuestras fronteras no es un detalle menor. Es una advertencia al régimen de que los ojos del mundo observan, y un recordatorio a los peruanos de que la lucha por sus derechos no es solitaria.
El pronunciamiento de Volker Türk no debe quedarse en las páginas de los diarios. Es una señal de alarma y, a la vez, un aliciente. El Perú no puede resignarse a ser un experimento autoritario con fecha de caducidad en el 2026. La verdadera soberanía no consiste en blindar a los poderosos, sino en garantizar justicia a las víctimas y dignidad a los ciudadanos.
Reflexión final
La historia enseña que ningún gobierno sobrevive enfrentado a la verdad. Boluarte podrá desafiar a la ONU, al sistema interamericano y a la opinión pública, pero no podrá desafiar indefinidamente a la memoria ni a la justicia. Y cuando llegue el momento del balance, la pregunta será inevitable: ¿defendió el Perú sus instituciones o permitió que se convirtieran en cómplices de la impunidad?.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra