El Perú no necesita metáforas para describir su estado: basta mirar los titulares diarios para confirmar que vivimos atrapados en un país sin timón. Sicarios que disparan a plena luz del día, colegios que cierran por extorsiones, hospitales sin medicinas ni equipos, agricultores abandonados y niños estudiando bajo techos colapsados. Mientras tanto, Dina Boluarte insiste en sobrevivir políticamente hasta el 28 de julio de 2026, como si llegar con oxígeno artificial a esa fecha fuese un triunfo nacional. Pero la realidad es otra: el país está en cuidados intensivos, con un Estado reducido a un cascarón y gobernado, de facto, por bandas criminales.
La fotografía más clara del desgobierno está en la inseguridad. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el régimen de Boluarte ya acumula casi 5,000 homicidios. El 28 de abril del 2025 se convirtió en la jornada más sangrienta de su mandato: 18 asesinatos en 24 horas. Los ejemplos se repiten como un eco: en Lurín, tres personas fueron acribilladas en una pollería; en San Juan de Miraflores, el dueño de una flota de mototaxis cayó víctima del sicariato. Y al día siguiente, nuevas muertes alimentaron la estadística.
Las bandas organizadas han tomado distritos enteros, donde el cobro de cupos, las extorsiones y los secuestros son más frecuentes que la presencia policial. En paralelo, la minería ilegal y el narcotráfico avanzan a paso firme, con informes de la UNODC que advierten que el Perú ya es un eje central en el tráfico internacional de cocaína. Mientras tanto, la Policía Nacional carece de chalecos antibalas, vehículos y presupuesto, porque las prioridades del gobierno se concentran en aviones de guerra por miles de millones de dólares y autos de lujo para generales.
La salud es otro retrato del colapso. Un informe de RPP Data confirma que en EsSalud, conseguir una cita puede demorar hasta 155 días en La Libertad o 154 días en Huánuco. En Cusco, un paciente relató que su cita para endocrinología fue programada para dos meses después, cuando probablemente ya necesitaría emergencia. En Chiclayo, un asegurado contó que llamó 49 veces en un solo día para intentar agendar atención en medicina general… sin éxito. ¿La respuesta oficial? “Alta demanda”. La traducción real: abandono estatal.
La educación tampoco escapa. Según la Defensoría del Pueblo (2025), más del 40% de colegios públicos carecen de servicios básicos como agua y desagüe. Miles de niños estudian con anemia y docentes precarizados, mientras el Congreso desmonta la SUNEDU para favorecer universidades de cartón. Lo poco que se había avanzado en meritocracia y control de calidad ha sido barrido por intereses políticos.
La economía se sostiene en discursos optimistas. El MEF proyecta un crecimiento de entre 3% y 3.5% (Andina, 2025), pero en la vida real los precios de los alimentos siguen disparados, el empleo formal se reduce y la informalidad supera el 70%. Petroperú ya no es una empresa: es un cadáver mantenido con respirador financiero a costa de todos los peruanos. Pese a ello, el gobierno continúa inyectándole millones, en lugar de destinarlos a salud, educación o seguridad.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, Boluarte firmó un convenio para destinar 500 millones de soles en la reconstrucción de El Frontón, el penal de máxima seguridad en una isla del Callao. Mientras los hospitales carecen de tomógrafos y los niños estudian sin aulas dignas, la mandataria celebra la construcción de una cárcel como símbolo de lucha contra la delincuencia. La paradoja es grotesca: se invierte en encerrar delincuentes, pero no en prevenir que miles de jóvenes caigan en redes criminales por falta de oportunidades.
El drama nacional no es un hecho aislado: es la continuación de un ciclo de desgobierno. Pedro Castillo abrió el camino del desastre con improvisación y corrupción; Boluarte, su excompañera de partido en Perú Libre, perfeccionó el colapso con blindaje político y parálisis absoluta. Hoy ambos comparten un mismo legado: un país destruido.
Dina Boluarte insiste en que su misión es “terminar el mandato”. Pero esa meta no es gobernar, es resistir. Resistir blindada por el Congreso y por fallos del Tribunal Constitucional que le otorgan impunidad. Resistir para llegar a la meta simbólica del 28 de julio de 2026, aunque al costo de entregar un país colapsado en todos los frentes.
Reflexión final
El Perú no necesita esperar al próximo presidente para saber su futuro: será un país en ruinas, con un Estado capturado por mafias, con hospitales colapsados, colegios en abandono y ciudadanos condenados a sobrevivir en medio de la inseguridad. Dina Boluarte compró aviones, autos de lujo y firmó contratos millonarios, pero no compró lo esencial: legitimidad, confianza y soluciones. Castillo abrió la herida, Boluarte la infectó, y juntos han dejado a la nación en estado terminal. La pregunta que queda es si en 2026 todavía habrá país que gobernar.
Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra