El octavo retiro de fondos de las AFP parece condenado a convertirse en otro capítulo del interminable folletín congresal: largas sesiones, llamados a técnicos, reglamentos que se convierten en muros y, al final, la misma conclusión de siempre: el ciudadano debe esperar. El detalle que nunca se menciona es el más evidente: el dinero que se discute no es de las AFP, ni del Estado, ni del Congreso. Es de los trabajadores. Y sin embargo, estos últimos son los únicos que no tienen voz real en la mesa.
La Comisión de Economía, presidida por Víctor Flores (Fuerza Popular), ha decidido nuevamente “posponer” el debate. La excusa es la necesidad de escuchar al MEF, la SBS, la ONP, la Sunat y el BCR. Una procesión de entidades que, si de verdad tuvieran algo nuevo que decir, ya lo habrían dicho hace una década, cuando el modelo previsional mostraba sus primeras grietas. La postergación no es técnica: es política. Es la manera en que el Congreso gana tiempo, las AFP protegen sus ingresos y los trabajadores pierden la paciencia.
Lo irónico es que los congresistas que ponen freno al retiro no muestran el mismo celo frente a los contratos leoninos con las administradoras, que cobran comisiones incluso cuando los fondos pierden valor. Tampoco exigen transparencia sobre las inversiones que las AFP realizan con el dinero de los aportantes. Es decir, el sistema se cuida a sí mismo, pero nunca al trabajador.
Mientras tanto, los ciudadanos marchan en las calles para exigir lo obvio: decidir sobre sus propios ahorros. La Asociación Nacional de Aportantes y Ex Aportantes de AFP ha convocado nuevas movilizaciones porque ya han entendido el libreto congresal: comisiones que no sesionan, dictámenes que nunca se emiten y reformas que solo existen en PowerPoint.
El trasfondo es todavía más preocupante. La clase política ha convertido los ahorros previsionales en moneda de cambio. Cada retiro, cada reforma, cada sesión dilatada sirve como ficha en la negociación con el Ejecutivo, con las AFP y con los propios votantes. El trabajador se reduce a un objeto de campaña: se le promete alivio, pero se le entrega incertidumbre.
Boluarte, sin plan de gobierno ni estrategia de protección social, es cómplice pasiva de esta trama. Su desgobierno coincide con un Congreso que tampoco legisla para resolver, sino para resistir. Ambos comparten la misma lógica: sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026, aunque el país se quede sin instituciones sólidas y los ciudadanos sin ahorros.
La discusión sobre el retiro AFP no es técnica, es política y ética. Se trata de reconocer el derecho elemental de los trabajadores a usar su propio dinero frente a un sistema que promete pensiones mínimas y entrega incertidumbre máxima. Pretender que el Estado y las AFP decidan mejor que los propios ciudadanos sobre su futuro económico es, en el fondo, una forma sofisticada de despojo: no se arrebata el dinero directamente, se secuestra bajo la excusa de “protegerlo”.
Reflexión final
Cada día que el Congreso dilata el debate, cada vez que el Ejecutivo guarda silencio cómplice, se confirma la verdadera naturaleza del sistema previsional peruano: un modelo diseñado para blindar intereses empresariales y políticos, no para garantizar una vejez digna. Si los aportantes no recuperan el derecho a decidir, el futuro será una ironía cruel: jubilados sin pensión suficiente y un Congreso satisfecho de haber “cuidado” un dinero que nunca les perteneció.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra