En el Perú, esperar justicia económica es tan incierto como conseguir una cita en EsSalud: toca madrugar, insistir y, casi siempre, salir con las manos vacías. El reciente aplazamiento del debate sobre el octavo retiro de fondos de las AFP es un nuevo capítulo en la tragicomedia que protagonizan el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte. Mientras millones de afiliados esperan respuestas claras sobre su futuro, las autoridades deciden poner más candados y trabas, protegiendo a las Administradoras de Fondos de Pensiones como si fueran patrimonio cultural de la nación.
La Comisión de Economía del Congreso, presidida por Víctor Flores Ruíz, decidió que el tema aún no puede llegar a debate. ¿La razón? Hay que escuchar primero al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y al Banco Central de Reserva. Entidades que, curiosamente, siempre han estado en contra de los retiros. Es decir, los afiliados deben esperar la opinión de los mismos guardianes de un sistema que nunca pierde, donde las AFP aseguran sus utilidades mientras los trabajadores cargan con la incertidumbre de si podrán o no acceder a su propio dinero.
Se ha convocado además a un “consejo de expertos”: exministros, economistas de consultoras, representantes de gremios empresariales. La lista parece un desfile de tecnócratas cuya preocupación principal no es la vejez digna de los afiliados, sino la “estabilidad fiscal” y el “mercado de capitales”. En otras palabras, el bolsillo del ciudadano queda subordinado al equilibrio macroeconómico, mientras las utilidades de las AFP siguen blindadas.
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, ya anticipó que si el retiro se aprueba, el gobierno lo observará. Según él, los peruanos deben resignarse a una pensión mínima de 600 soles, siempre y cuando no hayan tocado sus fondos. Lo que no dice el ministro es que, de los 8.6 millones de afiliados, más de 6 millones tienen menos de 5 mil soles en sus cuentas. La promesa de la pensión mínima no es un beneficio real: es un espejismo diseñado para disuadir los retiros y mantener intacta la caja de las AFP.
Lo más sarcástico de esta historia es que, mientras los afiliados pelean por acceder a lo que es suyo, el Estado no duda en abrir la billetera para salvar a Petroperú, financiar viajes presidenciales y comprar aviones de guerra. Hay plata para todo, menos para darle libertad al trabajador de decidir sobre sus propios ahorros. Dina Boluarte y el Congreso parecen tener un pacto silencioso: proteger el sistema privado de pensiones, aunque eso implique condenar a millones de personas a una jubilación miserable o, en el mejor de los casos, a seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante.
La postergación del debate es solo una táctica para ganar tiempo y evitar costos políticos inmediatos. La población, sin embargo, ya entendió el libreto: el Congreso juega a escuchar, el Ejecutivo juega a advertir y las AFP juegan a ganar siempre. El ciudadano, como siempre, pierde.
Reflexión final
El desgobierno de Dina Boluarte y la complicidad del Congreso no solo se reflejan en la salud, la seguridad o la educación, sino también en la economía personal de millones de trabajadores. El retraso en la votación del retiro AFP es otra prueba de que el Estado ha decidido gobernar de espaldas a la gente. Si proteger a las AFP es prioridad, ¿en qué momento protegerán al ciudadano? El reloj político sigue corriendo hasta el 28 de julio de 2026, pero para los afiliados el tiempo ya se agotó: su presente y su futuro se consumen entre promesas vacías y decisiones aplazadas.