El Congreso de la República ha vuelto a sorprender, aunque ya no por la calidad de sus leyes ni por la defensa del interés ciudadano, sino por su capacidad de reinventar los privilegios. Con una aprobación que bordea el 6 %, los parlamentarios aprobaron en segunda votación, con 82 votos a favor, la incorporación del artículo 25-A al Reglamento del Congreso. ¿El resultado? Una norma que les permite hacer campaña política durante la semana de representación sin que ello sea considerado infracción. En un país donde la ciudadanía exige transparencia, la clase política responde con normas a la medida de su supervivencia.
El nuevo artículo abre una ventana que, en la práctica, convierte los fondos públicos destinados a la representación ciudadana en una caja chica para el proselitismo. La norma establece que los congresistas podrán “expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias” como parte de sus funciones. Dicho de otro modo: lo que antes era un límite para garantizar imparcialidad, ahora es una licencia legalizada para adelantar campaña.
Los expertos advierten lo evidente: este cambio habilita a los congresistas a recorrer el país con recursos del Estado, asistir a mítines, conferencias o eventos partidarios bajo el paraguas de la representación. El riesgo es mayúsculo, pues se desdibuja la frontera entre servir al ciudadano y servirse de él. Y mientras tanto, los problemas estructurales del país —delincuencia, pobreza, crisis en salud y educación— siguen sin agenda prioritaria.
La aprobación se dio sin mayor debate público. La norma pasó con holgura: 82 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones. La fotografía de la votación es reveladora: cuando se trata de blindajes o beneficios, la división entre bancadas desaparece como por arte de magia. El consenso político solo aparece cuando se trata de legislar en beneficio propio.
Este episodio no es aislado. Es un eslabón más en la cadena de privilegios que mantiene vivo al Congreso más impopular de la historia republicana. De las dietas a los seguros privados de salud, pasando por las contrataciones cuestionadas y los blindajes judiciales, todo se organiza en torno a la autodefensa de la clase política. La diferencia es que ahora el Congreso busca algo más: garantizar su continuidad en el poder más allá del 2026.
La ironía es brutal: mientras la población exige reformas serias al sistema político para garantizar representación auténtica y fiscalización real, los legisladores se conceden la posibilidad de convertirse en candidatos perpetuos con financiamiento estatal encubierto. Un Congreso que legisla pensando en la siguiente elección y no en la próxima generación.
El país no necesitaba otra prueba de que su clase política está desconectada de la realidad, pero aquí la tiene. Con esta norma, el Congreso se otorga carta blanca para confundir representación con campaña, fondos públicos con intereses partidarios, y deber con conveniencia.
La pregunta que queda es si la ciudadanía aceptará, otra vez, que los mismos rostros que hoy se blindan sean los que mañana pretendan presentarse como “renovación”. Porque mientras los congresistas ya se organizan para asegurar su futuro político, el país sigue atrapado en un presente de crisis e indiferencia.