En un país donde la inseguridad ha tomado las calles, uno esperaría que la Policía Nacional concentre sus esfuerzos en combatir el crimen. Sin embargo, la realidad peruana siempre sorprende. El Poder Judicial acaba de ordenar la suspensión por 18 meses del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, por el escándalo de los llamados “policías albañiles”. Sí, leyó bien: agentes destinados a patrullar y proteger ciudadanos fueron obligados a cargar ladrillos y mezclar cemento como si su uniforme viniera con casco de obra.
La medida fue dictada por la jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Según la hipótesis de la Fiscalía, en 2020 —cuando Zanabria era jefe de la IX Macro Región Policial— varios suboficiales denunciaron que, en lugar de vigilar las calles, se les obligaba a trabajar como albañiles dentro de instalaciones policiales, en horario de servicio. Peculado doloso, abuso de autoridad y otros cargos adornan el expediente.
El caso es grotesco por lo simbólico. Mientras la delincuencia organizada imponía su ley con extorsiones, sicariatos y secuestros, los guardianes del orden eran reducidos a mano de obra barata en obras institucionales. La institución que debía proteger la democracia y la seguridad se convirtió en una improvisada constructora, donde el cemento pesaba más que el deber policial.
Lo más indignante es que este episodio no es una anécdota aislada, sino parte de un patrón de descomposición en las fuerzas del orden. La PNP atraviesa una crisis de legitimidad: altos mandos investigados por corrupción, oficiales implicados en mafias de trata, robo de combustible o cobro de coimas. El mensaje es claro: en lugar de perseguir al delincuente, algunos jefes han decidido competir con él.
Y como si fuera poco, todo ocurre bajo el desgobierno de Dina Boluarte, que no muestra la menor capacidad para encarar la crisis de seguridad. La presidenta y su ministro del Interior parecen estar más ocupados en blindajes políticos y compras innecesarias que en depurar una institución corroída. Si no hay voluntad para limpiar la casa, ¿cómo pedirle a la ciudadanía que confíe en la Policía?
La suspensión de Zanabria es un golpe institucional que desnuda la fragilidad del sistema de seguridad en el país. No basta con separar temporalmente a un comandante: se necesita un rediseño completo de la PNP, desde la formación hasta los mecanismos de control y sanción. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los uniformados son utilizados como albañiles, choferes, cargadores o guardaespaldas de intereses particulares, mientras el crimen avanza a paso firme en las calles.
Reflexión final
El escándalo de los “policías albañiles” es mucho más que una denuncia puntual: es el retrato de un Estado que ha perdido la brújula. Cuando quienes deben protegernos terminan mezclando cemento por orden de sus superiores, la inseguridad no es solo un problema de criminalidad, sino de institucionalidad. Dina Boluarte podrá seguir comprando aviones de guerra y blindando generales con autos de lujo, pero la verdadera guerra —la que se libra en las calles contra la delincuencia— ya se perdió hace rato.