Mientras millones de peruanos esperan meses para conseguir una cita médica, EsSalud se encuentra paralizado por una huelga nacional que denuncia corrupción, injerencia política y abandono institucional. No es un problema aislado ni un accidente administrativo: es la radiografía de un Estado que ha decidido sacrificar la salud pública en nombre de alianzas partidarias y cálculos de poder. Y en el centro de este caos, un gobierno sin plan ni estrategia, más ocupado en blindajes políticos que en garantizar medicinas o camas hospitalarias.
La protesta de médicos, enfermeros, técnicos y administrativos no solo responde a reclamos salariales o laborales. Denuncia algo mucho más grave: que EsSalud, la institución que atiende a un tercio de la población, se ha convertido en botín político. Los trabajadores apuntan directamente a una “alianza” entre el Ejecutivo y Alianza para el Progreso (APP), cuya presencia en cargos claves se ha multiplicado.
Los nombres son elocuentes: Segundo Acho Mego, cuestionado presidente ejecutivo, sin experiencia para manejar un presupuesto de 15 mil millones de soles, y rodeado de funcionarios ligados a APP; compras de insumos médicos con sobrecostos que triplican su valor en el mercado; contrataciones masivas por locación de servicios. Todo en un contexto donde la atención colapsa y la población sufre la escasez de medicinas.
Lo que los sindicatos llaman “manoseo político” se traduce en un desangramiento financiero y en un deterioro directo para los once millones de asegurados. Y mientras tanto, desde Palacio, el silencio y la inercia son la respuesta.
La huelga de EsSalud no es solo un conflicto gremial: es el síntoma de un país gobernado en piloto automático. Mientras el sector salud se desangra, la presidenta Dina Boluarte gasta capital político y recursos públicos en aviones de guerra, automóviles para generales y viajes oficiales que difícilmente mejoran la vida del ciudadano común. La salud, como la educación o la seguridad, ocupa el último lugar de su agenda.
La indignación de los trabajadores desnuda lo que muchos ya sospechaban: la institución se ha transformado en moneda de cambio dentro de un co-gobierno donde APP encuentra espacios de poder y el Ejecutivo asegura su supervivencia. La salud pública, que debería ser sagrada, se vuelve un campo de reparto político.
La huelga de EsSalud es más que un paro: es una advertencia de que la corrupción y la injerencia partidaria están devorando lo que quedaba de la institucionalidad sanitaria. Mientras los pacientes esperan operaciones que nunca llegan y medicamentos que se pierden entre licitaciones amañadas, el Gobierno se aferra al calendario: resistir hasta el 28 de julio de 2026.
Pero cada día que pasa sin atender la crisis es un día más de abandono para millones de asegurados. Y cada funcionario colocado por cuotas políticas es un recordatorio de que la salud en el Perú ha sido hipotecada a intereses ajenos al bienestar ciudadano. La pregunta es cuánto más puede resistir un sistema ya colapsado antes de que la indignación social supere los muros de los hospitales y se convierta en un clamor nacional imposible de silenciar.