En el Perú parece que el presupuesto público se maneja como un menú a la carta: abundancia para aviones de guerra, autos de lujo y viajes oficiales; migajas para hospitales, medicinas y pacientes con cáncer. Ahora el gobierno evalúa recortar más de S/110 millones al presupuesto oncológico del 2026, poniendo en riesgo no solo leyes como la N.º 32431, sino la vida misma de miles de peruanos. La indignación no es retórica: es cuestión de supervivencia.
Los colectivos de pacientes lo han advertido con claridad: sin financiamiento, las leyes son papel mojado. Esperantra y Semáforo Oncológico coinciden en lo esencial: no importa cuántas normas contra el despido de trabajadores con cáncer existan, si no hay presupuesto, no hay protección real. Lo que se vende como un avance en derechos termina siendo otro engaño institucional.
El recorte de S/118 millones puede sonar a una cifra técnica en un documento legislativo, pero significa diagnósticos postergados, medicamentos que nunca llegarán y familias que tendrán que hipotecar sus vidas para costear tratamientos. Maurice Mayrides lo resumió bien: se trata de todo un ecosistema que incluye oncólogos, enfermeras, investigadores y pacientes. Un ecosistema que el Estado está dispuesto a asfixiar con su tijera presupuestal.
Mientras tanto, la contradicción es obscena. Se gasta en Petroperú como un barril sin fondo, se construyen frontones y se compran autos de lujo para generales, pero no hay dinero para medicamentos biológicos que prolongan la vida de los pacientes. El mensaje es brutal: la salud no es prioridad, la vida se mide en votos y conveniencias políticas.
El cáncer no espera mesas de diálogo ni licitaciones eternas. Avanza, invade, mata. Cada sol recortado es una sentencia anticipada para quienes dependen del sistema público. Y sin embargo, en Palacio y en el Congreso, el tema se discute como si se tratara de un simple ajuste contable.
El Estado juega con el presupuesto como si fuera un tablero de ajedrez, pero aquí las piezas que caen no son de madera: son seres humanos. Reducir el financiamiento contra el cáncer no es un error técnico, es un acto de abandono que evidencia la escala de prioridades de un gobierno que prefiere blindarse a sí mismo antes que proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
Reflexión final
La ironía es cruel: en un país donde se gasta sin pudor en armas, viajes y lujos oficiales, los pacientes con cáncer deben salir a protestar para que no les quiten lo poco que tienen. El desgobierno no solo se mide en cifras, sino en vidas arrebatadas por decisiones que nunca debieron tomarse. Y mientras la retórica oficial promete inclusión y derechos, la realidad demuestra que, en el Perú, luchar contra el cáncer sigue siendo también luchar contra el Estado.