Cuando se pensaba que el gobierno de Dina Boluarte ya había alcanzado el límite de los escándalos, aparece otro capítulo digno de archivo: la moción de censura contra el premier Eduardo Arana, impulsada por la congresista Ruth Luque. Todo gracias a unos audios comprometedores que lo vinculan con el hoy ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en gestiones para favorecer a un expolicía sentenciado por crimen organizado. Una vez más, el país asiste al espectáculo del desgobierno convertido en rutina.
El caso se destapó gracias a un reportaje de Panorama, que difundió grabaciones de septiembre de 2024 en las que Santiváñez, entonces ministro del Interior, conversa con Eduardo Arana, entonces ministro de Justicia. La charla no trataba sobre políticas públicas, seguridad ciudadana ni reformas legales, sino sobre la comodidad carcelaria de Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, condenado por integrar un brazo armado de la organización “Los Pulpos”. En el audio, Santiváñez habría pedido a Arana mover fichas para que el interno fuese trasladado a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo.
El detalle grotesco no está solo en el favor solicitado, sino en el escenario: el propio despacho ministerial de Santiváñez. En otras palabras, la sede del Ministerio del Interior usada como sala de tramitación de beneficios penitenciarios para un delincuente. Según la investigación periodística, la grabación la habría hecho un familiar del sentenciado, lo que deja en evidencia la torpeza del manejo. Ni los guionistas de una serie de corrupción se atreverían a tanto.
Ante la revelación, Santiváñez salió a decir que los audios “no acreditan delito” y que fueron sacados de contexto. El manual clásico de defensa en política peruana: negar, victimizarse y culpar a otros. Incluso acusó a fiscales de haber filtrado la evidencia, como si el verdadero problema fuese la difusión y no la conversación en sí.
La congresista Ruth Luque, en respuesta, presentó una moción de censura contra Arana, señalando que ha quebrado la probidad y la confianza pública. Lo paradójico es que este escándalo se suma a otros que ya involucran a Santiváñez, entre ellos audios que lo relacionan con gestiones ante el Tribunal Constitucional, supuestamente con respaldo de magistrados y pagos de por medio. La Fiscalía asegura tener decenas de audios e imágenes adicionales.
El problema es más grande que Arana o Santiváñez: revela la descomposición del gabinete y la indiferencia presidencial. Dina Boluarte, ocupada en viajes y ceremonias, guarda silencio. El Ejecutivo parece normalizar que sus ministros sean protagonistas de audios, denuncias y mociones de censura. Y el Congreso, siempre calculador, decide si aprovecha el escándalo o lo negocia en su eterna lógica de supervivencia hasta 2026.
Lo que debería ser un gobierno, hoy parece una radio mal sintonizada: audios por aquí, grabaciones por allá, y siempre la sospecha de favores indebidos. La moción de censura contra Eduardo Arana no es solo un trámite parlamentario, es el retrato de un gabinete que se hunde en su propia incapacidad y falta de ética. Y en el centro, una presidenta que mira hacia otro lado, mientras la salud, la seguridad y la educación del país colapsan sin remedio.
Reflexión final
El país no necesita más audios ni más revelaciones para saber en qué manos está. Cada escándalo confirma que este gobierno ya no gobierna, solo sobrevive. Dina Boluarte prometió estabilidad y lo único que entrega es descomposición. Los audios de Arana y Santiváñez son apenas una muestra de cómo el poder se utiliza para favorecer intereses privados mientras la ciudadanía queda desprotegida. Y si algo queda claro, es que el próximo presidente recibirá un país arrasado por la indiferencia y el cinismo.