En el Perú, cada intento de modernización termina pareciéndose a un chiste mal contado. Y el voto electrónico no es la excepción. Nos venden tecnología como si fuera una vacuna contra la corrupción y la desconfianza, pero lo cierto es que la tecnología, en manos del desgobierno, se convierte en un arma de doble filo. En un país donde el papel se pierde y los jueces se venden, pretender que un sistema digital resolverá la crisis de legitimidad es tan ingenuo como pensar que el Congreso legisla para el pueblo.
La reciente aprobación del uso del voto electrónico presencial y no presencial en las elecciones 2026 es presentada como un gran paso hacia la modernidad. Lo que no dicen es que en un país sin confianza institucional, sin cultura digital fortalecida, con brechas abismales en conectividad y transparencia, introducir el voto electrónico es como invitar al lobo a cuidar el rebaño… y entregarle la llave del corral.
El caso más simbólico es el de los peruanos en el extranjero. Bajo la excusa del “alto ausentismo electoral” (que, por cierto, se arrastra hace décadas sin solución), se nos impone una solución “mágica” que elimina colas, pero también testigos, fiscalización y evidencia física. Una elección sin papel, sin verificación ciudadana, y sin plena trazabilidad es una elección con sospecha desde el día uno.
La ONPE y el gobierno prometen seguridad, pero olvidan que la percepción pública pesa tanto como la tecnología. ¿O acaso alguien cree que en 2026 la población aceptará los resultados con los brazos abiertos si el margen de victoria es estrecho y los votos electrónicos fueron decisivos? Ya lo vimos en 2021, cuando miles gritaron fraude sin pruebas. Ahora les darán una excusa técnica lista para usar.
Y no es paranoia. Países con democracias más sólidas como Alemania, Holanda y Finlandia han descartado el voto electrónico por los riesgos que representa para la confianza electoral. Pero aquí, como siempre, nos lanzamos al vacío sin paracaídas y con la esperanza de aterrizar en Suiza.
¿Quién fiscaliza el algoritmo? ¿Quién audita el código fuente? ¿Qué ocurre si hay una caída de sistema? ¿Qué garantía tienen los ciudadanos de que su voto será respetado cuando la tecnología está manejada por los mismos de siempre, expertos en disfrazar intereses particulares de “interés nacional”?
El voto electrónico no es el problema. El problema es quién lo administra, cómo se implementa y para quién trabaja. En Perú, donde hasta el conteo de frijoles puede ser manipulado si hay poder de por medio, digitalizar el voto sin cultura cívica, sin transparencia, sin auditoría independiente y sin conciencia ciudadana es invitar al fraude elegante, silencioso, invisible y legalizado.
Reflexión final
Mientras nos distraen con promesas de eficiencia y “acceso”, lo que realmente se está cocinando es un mecanismo perfecto para deslegitimar los resultados electorales del 2026 —sea quien sea el ganador. La democracia no se fortalece con algoritmos opacos ni con tecnocracia sin ética. Se fortalece con instituciones sólidas, con procesos transparentes y con ciudadanos vigilantes.
Pero si seguimos avanzando por este camino, pronto necesitaremos una app no para votar… sino para llorar.