En el Perú mueren dos personas al día por suicidio. No es una metáfora, no es una exageración, es una tragedia que se repite 365 veces al año y que, sin embargo, parece no conmover a quienes toman decisiones. Mientras las cifras aumentan con la frialdad de una tabla estadística, las familias cargan con la culpa, el dolor y las preguntas sin respuesta. Lo más indignante es que, pese a esta emergencia silenciosa, la política pública en salud mental sigue siendo un adorno en discursos de campaña, nunca una prioridad real.
Los números deberían sacudir a cualquier gobierno que se respete: en 2022 fueron 976 muertes por suicidio, en 2023 fueron 949, y en 2024 la cifra escaló a 1,097. Es decir, cien peruanos más que decidieron acabar con su vida en apenas un año. ¿Qué hace el Estado frente a este aumento? Lo de siempre: comités, declaraciones, protocolos que pocos cumplen y presupuestos que jamás alcanzan.
La doctora Natalia Ascurra, psiquiatra del Ministerio de Salud, lo resume con crudeza: la raíz del problema está en los trastornos de salud mental, pero también en la violencia, el abuso, la falta de oportunidades y el abandono social. En un país donde la violencia sexual y el maltrato infantil son pan de cada día, ¿de verdad sorprende que los adolescentes crezcan con heridas invisibles que en la adultez se convierten en desesperanza?
El sarcasmo se impone por sí mismo: tenemos campañas millonarias para ferias gastronómicas, para vender al mundo una imagen de “país multicultural y alegre”, pero no invertimos ni un ápice en proteger la vida de quienes, literalmente, ya no encuentran razones para seguir. Resulta grotesco pensar que mientras en países como Japón se instalan sistemas de prevención en estaciones de tren o en Corea del Sur se crean programas de intervención comunitaria, en el Perú seguimos creyendo que con un número telefónico (113, opción 5) basta para detener una epidemia de sufrimiento.
Y sí, los teléfonos de ayuda son necesarios, pero no suficientes. ¿De qué sirve una línea gratuita si el acceso a un psicólogo en un centro de salud demora meses, si los medicamentos son un lujo y si hablar de salud mental en muchas familias todavía es un tabú? La política pública debería enfocarse en la prevención, la educación emocional en escuelas, la atención inmediata y el acompañamiento comunitario. Pero aquí seguimos atados a la improvisación, como si la vida humana pudiera esperar.
Cada suicidio no es solo una estadística: es un fracaso colectivo. Es el reflejo de un país que no escucha, que no educa, que no protege. Mientras el Estado mira hacia otro lado, los ciudadanos quedan a merced del silencio, la estigmatización y el abandono. Dos peruanos menos cada día son dos razones más para exigir un sistema de salud mental que funcione, no uno que solo figure en PowerPoints ministeriales.
Reflexión final
El suicidio no se resuelve con comunicados ni con frases de ocasión. Se enfrenta con políticas serias, con presupuestos reales y con voluntad política. Hoy, los muertos no pueden protestar, pero sus ausencias gritan más fuerte que cualquier consigna. Si como sociedad no reaccionamos, mañana el titular será aún más cruel: tres peruanos al día, cuatro, cinco… hasta que nos demos cuenta —tarde, como siempre— de que la indiferencia también mata.