La advertencia de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, debería estremecer a cualquier democracia que aún pretenda llamarse Estado de derecho: “El poder político quiere tomar la Fiscalía de la Nación, es clarísimo”. La frase no es una hipérbole, sino un diagnóstico. En el Perú de hoy, donde el Congreso legisla a la medida de sus intereses y el Ejecutivo sobrevive sin plan ni rumbo, la justicia se ha convertido en la pieza más codiciada del ajedrez político.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado un procedimiento disciplinario para suspender a Espinoza por seis meses. Una medida que, en apariencia, responde a faltas administrativas, pero que en el trasfondo revela una coordinación sospechosamente eficaz con quienes hoy son investigados por la propia Fiscalía: congresistas, ministros e incluso la presidenta Dina Boluarte.
El guion es conocido: cuando un fiscal incomoda al poder, se busca desacreditarlo, neutralizarlo o removerlo. Así ocurrió con fiscales que investigaban a expresidentes; así se intenta repetir ahora. Lo grave no es solo la maniobra, sino el descaro con que se ejecuta. Mientras denuncias contra miembros de la JNJ se archivan con velocidad supersónica, los expedientes contra Espinoza se aceleran como si de una emergencia nacional se tratara.
El mensaje es inequívoco: la independencia de la Fiscalía no es un principio constitucional, sino un estorbo para quienes legislan y gobiernan con prontuario a cuestas. Si la Fiscalía de la Nación cae bajo control político, lo que se perderá no es solo una institución: será la última frontera que separa la justicia de la impunidad.
Resulta revelador que Espinoza cuente con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos, que la ratificó válidamente en el cargo. Es decir, el órgano llamado a velar por la legalidad la respalda, mientras un poder político ansioso por blindarse intenta sacarla del camino. La paradoja es grotesca: los investigados pretenden elegir a sus propios jueces.
El 19 de septiembre no se decidirá únicamente el futuro de Delia Espinoza, sino la vigencia misma de la autonomía fiscal. Si se consuma la suspensión, el mensaje será brutal: en el Perú, quien investiga al poder se convierte en enemigo público.
La pregunta de fondo es si los ciudadanos aceptarán que la Fiscalía se convierta en botín de congresistas y ministros o si harán valer que la justicia no pertenece a los políticos, sino al pueblo. La captura de la Fiscalía sería la consumación de un golpe silencioso: sin tanques, sin marchas, pero con la misma consecuencia devastadora.
La democracia no se derrumba de golpe: se desmorona por piezas. Hoy la pieza en juego es la Fiscalía de la Nación. Y si se pierde, lo que se entierra no es a una fiscal incómoda, sino a la esperanza de que algún día el poder rinda cuentas ante la justicia.