En un país donde los escándalos políticos ya no generan sorpresa sino resignación, ahora nos enfrentamos a una nueva aberración democrática: firmas falsas en los padrones de afiliación de partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que miles de ciudadanos han sido inscritos como militantes de agrupaciones políticas sin su consentimiento, como si su identidad fuera parte del mobiliario electoral que se puede manipular a gusto y conveniencia de los nuevos y viejos actores del circo electoral 2026. Lo peor: las consecuencias reales serán mínimas. Y si nadie pone el grito en el cielo, pronto estaremos votando por candidatos cuya legalidad como organización se construyó sobre la estafa.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presionado por las denuncias de cientos de ciudadanos, realizó un proceso de fiscalización que destapó el hedor: 32 firmas falsas en el partido “Primero la Gente” y 4 en “Perú Acción”, entre otras. ¿La respuesta de los involucrados? Negación, victimización y desvío del foco. “Fue una falla del sistema”, dijo Marisol Pérez Tello, como si las firmas falsas hubieran caído del cielo por error digital. “El JNE no tiene competencia para calificar firmas”, reclamó Francisco Diez Canseco, como si la gravedad del hecho dependiera del tecnicismo burocrático y no del acto mismo de falsificar la voluntad ciudadana.
Peor aún: los informes periciales confirmaron las irregularidades con lujo de detalle —análisis de trazo, presión, orientación, cotejo con Reniec—, pero el sistema permite que estos partidos sigan participando en las elecciones 2026. ¿Por qué? Porque la inscripción tiene más de dos años y ya no puede ser anulada de oficio. El fraude quedó registrado, pero las consecuencias se evaporaron en la lentitud judicial y la complicidad legal.
La democracia en el Perú ya no muere con tanques ni golpes de Estado. Muere de manera sigilosa, por goteo, como en este caso: con partidos políticos que nacen sobre la base de firmas falsas, con ciudadanos convertidos en militantes sin saberlo, con instituciones que descubren el delito pero no pueden hacer nada para detener su efecto electoral. Y entonces, nos encontramos ante un proceso 2026 donde el voto ciudadano está minado desde su origen: por la estafa de los padrones, por la impunidad de siempre, y por la indiferencia que lo permite todo.
¿Estamos dispuestos a votar en unas elecciones donde la legitimidad de los partidos ya nació contaminada? ¿O seguiremos aceptando que la política peruana se base en el engaño sistemático? Las firmas falsas son solo la punta del iceberg de un sistema electoral podrido, donde los incentivos no están puestos en el respeto por el ciudadano, sino en cómo manipular las reglas sin que parezca delito. La democracia no solo se erosiona cuando gana el autoritarismo, sino también cuando gana el fraude, el cinismo y la costumbre de no hacer nada.
Reflexión final
El caso de las firmas falsificadas no es anecdótico ni aislado. Es sintomático. Es el reflejo de un país donde los partidos políticos ya no nacen del respaldo popular, sino del cálculo oportunista, de estrategias amañadas para pasar la valla de la legalidad, de estructuras vacías que existen solo para capturar poder. Si las instituciones no reaccionan con firmeza y si la ciudadanía no exige consecuencias, el 2026 estaremos eligiendo entre la farsa y la farsa, creyendo que votamos libremente cuando en realidad ya todo está condicionado por el fraude originario.