El Congreso peruano aprobó el octavo retiro de los fondos de pensiones y, como siempre, la noticia vino con sabor a victoria ciudadana… pero servida fría y con fecha diferida. Lo que debería ser un derecho inmediato —retirar hasta 4 UIT de los propios ahorros— se convirtió en un trámite burocrático de meses, disfrazado de orden financiero. La presidenta Dina Boluarte y sus ministros decorativos, que primero se opusieron y luego cedieron a la presión popular, ahora celebran como logro lo que no es más que una concesión tardía y condicionada.
El libreto ya es conocido. Primero el Ejecutivo y parte del Congreso juran que un nuevo retiro es imposible porque pondría en jaque la economía. Luego, cuando la presión social crece y los votos se ponen en riesgo, cambian de opinión y aprueban la medida. El problema es que la letra chica siempre favorece a las AFP. Esta vez no es la excepción: los afiliados tendrán que esperar meses para recibir lo que ya es suyo, y encima fraccionado en cómodas cuotas que parecen más una estrategia para proteger las finanzas de las administradoras que para aliviar las necesidades de la gente.
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, no tuvo reparo en señalar que el cronograma se estirará hasta cinco meses. ¿Resultado? Un afiliado podrá ver su primer depósito recién en noviembre y el último en febrero del 2026. ¿Por qué tanto tiempo si hablamos de transferencias electrónicas que en cualquier banco demoran segundos? El argumento oficial es que se debe “ordenar el proceso”, pero la realidad es más simple: cada día adicional significa más dinero en manos de las AFP y menos liquidez en los bolsillos de los trabajadores.
Este retraso es una burla a la población. Se supone que el Congreso legisla para el bienestar ciudadano, pero aquí se legisla para que las AFP no pierdan el control del flujo de efectivo. El Ejecutivo, por su parte, mantiene la tradición del desgobierno: primero pone trabas, luego se suma a la foto de la aprobación y finalmente celebra un calendario que alarga innecesariamente el acceso al dinero. Mientras tanto, el afiliado espera, calcula, reprograma pagos, y siente en carne propia cómo el sistema previsional protege más a las instituciones que a las personas.
El octavo retiro debería ser un alivio en tiempos de crisis, pero se ha convertido en un nuevo recordatorio de la desconfianza que inspira el sistema. Si la plata es de los ciudadanos, ¿por qué el acceso se concede con cuentagotas y tras meses de espera? La respuesta es incómoda: porque el Estado y las AFP funcionan como socios silenciosos que se protegen entre sí, aunque sea a costa del derecho de los trabajadores.
Reflexión final
La aprobación del octavo retiro no es una victoria plena, es una concesión maquillada. Boluarte y el Congreso lo vendieron como un triunfo, cuando en realidad es otra jugada que prioriza los intereses de las AFP. El mensaje es claro: en el Perú, tus ahorros no son tan tuyos como crees. Y cada vez que el Congreso aprueba un retiro, se celebra un derecho a medias, porque el dinero llega tarde, fraccionado y bajo las reglas de un sistema que nunca deja de recordarnos quién tiene realmente el control.