El Perú tiene un sistema de salud que no necesita enemigos: sus propias autoridades ya hacen el trabajo de destruirlo. En medio de hospitales colapsados, citas imposibles de conseguir y farmacias vacías, el presidente de EsSalud, Segundo Acho Mego, decidió que la mejor estrategia no es curar la herida, sino amputar al paciente: amenazar con despidos a los médicos y enfermeras en huelga. Una jugada brillante… si lo que se busca es acelerar la agonía de un sistema que hace tiempo dejó de ser un servicio público para convertirse en un mal chiste administrativo.
Las cifras son elocuentes: colas interminables, pacientes esperando en pasillos, asegurados que deben mendigar medicinas o comprar lo que el hospital no tiene. Pero la respuesta oficial no es mejorar condiciones, invertir en infraestructura o diseñar un plan de salud. No. La receta de Acho es simple: palo y amenaza. “Si siguen en huelga, se van”. Así, como si reemplazar médicos fuera tan sencillo como cambiar repuestos de un auto viejo.
El mensaje es perverso: la huelga es ilegal porque lo dice el Ministerio de Trabajo, y quien no obedece será castigado. Es decir, el Estado se convierte en juez, parte y verdugo. Mientras tanto, los gremios denuncian corrupción, licitaciones infladas y funcionarios enquistados. Pero esos temas parecen no incomodar tanto como la “insolencia” de quienes exigen dignidad. Es más fácil intimidar que enfrentar la podredumbre interna.
Lo irónico es que EsSalud anuncia que contratará nuevos profesionales para suplir a los huelguistas. ¿De dónde? ¿De un catálogo secreto de médicos desocupados y dispuestos a trabajar en un sistema que paga tarde, mal y nunca? La amenaza de reemplazo es una farsa más: el gobierno no tiene un plan estratégico de salud, no tiene liderazgo, y tampoco la mínima capacidad de diálogo. Dina Boluarte, ausente como siempre, delega la crisis a un funcionario que confunde gestión con autoritarismo barato.
La verdadera enfermedad de EsSalud no es la huelga: es la soberbia de sus autoridades y la indiferencia del gobierno. Los médicos y enfermeras no protestan por capricho, sino porque atender pacientes sin insumos, sin equipos y sin respaldo institucional es inhumano. Los asegurados no reclaman privilegios: exigen lo básico, que su derecho a la salud no sea tratado como limosna. Pero en el Perú de hoy, la respuesta oficial no es diálogo ni reforma: son amenazas, comunicados y un silencio cómplice desde Palacio.
Reflexión final
Si la salud pública fuese un paciente, hoy estaría entubada, sin respirador y con un pronóstico reservado. El problema es que quienes deberían salvarla parecen más interesados en cuidar sus cargos que en cuidar vidas. Cada amenaza de despido, cada declaración soberbia, cada silencio de Boluarte es un recordatorio de que el Estado ha decidido abandonar su responsabilidad. Y mientras tanto, millones de peruanos siguen esperando… no una cita médica, sino un gobierno que, al menos, no los condene al olvido.