Cuando la indignación ciudadana se vuelve rutina, es que el país tocó fondo. Ya no son solo los jóvenes de la llamada Generación Z quienes salen a las calles; ahora también lo hacen los transportistas, los docentes y cada sector que siente en carne propia lo que significa vivir bajo un desgobierno que se ha vuelto permanente. Este 20 y 21 de septiembre, la Plaza San Martín será el escenario donde convergerán la juventud, los gremios y la ciudadanía cansada de un Estado que solo sabe legislar en beneficio de unos pocos y que ha convertido la política en un espectáculo vergonzoso.
La protesta no surge de la nada. El detonante inmediato es la cuestionada Ley 32123, relacionada con la reforma del sistema de pensiones, diseñada —según denuncian sindicatos y especialistas— para beneficiar únicamente a las AFP. Los jóvenes no se tragaron el cuento de una “modernización” previsional y decidieron organizarse. Pero esta vez no estarán solos: la Alianza Nacional de Transportistas ha confirmado su participación, sumando así a un sector que ya había expresado su malestar por la falta de políticas claras para los trabajadores.
“Nos sumamos a la marcha porque queremos recuperar la soberanía y la dignidad que el Gobierno nos quitó”, afirmó Julio Campos, vicepresidente del gremio, en declaraciones a La República. La frase suena fuerte porque evidencia lo que el Ejecutivo y el Congreso parecen olvidar: el hartazgo es transversal. No importa si eres estudiante, chofer, maestro o comerciante informal; el denominador común es el mismo: desconfianza total en las instituciones.
El Sutep también se sumará a la movilización, con un mensaje claro: el Gobierno sigue cometiendo errores, mientras los docentes jubilados esperan que se cumpla la norma que eleva sus pensiones a S/3.300. Para el sindicato, la reforma previsional es otro golpe contra los trabajadores, una norma hecha a la medida de las administradoras de fondos que siguen cobrando comisiones aunque los ahorros de los afiliados se evaporen.
Lo más revelador es que la protesta del 20 y 21 no tiene un único rostro ni responde a un solo sector político. No hay partido que la capitalice, ni caudillo que la encabece. Lo que hay es un país en piloto automático, conducido por una presidenta que sobrevive contando los días hasta el 28 de julio de 2026, y un Congreso que legisla como si su única meta fuera blindarse y asegurar privilegios. Mientras tanto, la inseguridad toma las calles, el narcotráfico y la minería ilegal avanzan sin freno, y los hospitales y colegios continúan en estado de abandono.
La presencia conjunta de jóvenes, transportistas y docentes en una misma marcha simboliza algo más grande que la suma de sus reclamos: es el retrato de un país que ya no tolera ser tratado como espectador de la crisis. Las calles vuelven a convertirse en el espacio donde los ciudadanos recuerdan a sus gobernantes que el poder no es un cheque en blanco, sino un mandato que hoy se percibe incumplido y traicionado.
Reflexión final
Mientras Dina Boluarte prepara maletas para representar al Perú en cumbres internacionales y el Congreso aprueba leyes populistas que hipotecan el futuro, la ciudadanía toma la palabra en las plazas. La verdadera reforma no está en los discursos oficiales ni en las mesas técnicas que nunca resuelven nada; está en la voz de quienes exigen dignidad, justicia y un Estado que deje de ser cómplice del deterioro nacional. Si algo nos recuerda esta marcha es que la paciencia social, al igual que las pensiones en las AFP, tiene un límite, y parece que el Perú ya lo alcanzó.