En el Perú, los fantasmas no necesitan cementerio: se pasean por el Congreso, hacen campaña en cada elección y se llaman a sí mismos “defensores de la democracia”. El fujimorismo es el mejor ejemplo. Entre acusaciones, archivos judiciales y gestos simbólicos que parecen inútiles pero revelan mucho, vuelve a escena gracias a dos voces incómodas: la de la fiscal Delia Espinoza —antes de ser suspendida por la Junta Nacional de Justicia— y la del periodista César Hildebrandt, quien ha recordado al país que Keiko Fujimori vive “parasitariamente de los diezmos de congresistas”. Una frase que duele porque huele a verdad.
El gesto de Espinoza, solicitar que se declare ilegal a Fuerza Popular, es tan osado como difícil de concretar. No se trata solo de cerrar un partido, sino de cuestionar a todo un sistema que normalizó la impunidad como estrategia política. Espinoza dejó 4,000 páginas de pruebas sobre persecución a jueces, hostigamiento a opositores, exclusiones internas y vínculos con colectivos violentos. Un expediente que, de ser tomado en serio, retrataría al fujimorismo como lo que siempre ha sido: un movimiento que usa las urnas para legitimar prácticas contrarias a la democracia.
Hildebrandt, por su parte, no se anduvo con rodeos. Recordó que Keiko jamás pidió perdón por su papel como primera dama en los noventa y que el fujimorismo no solo fue corrupción: fue devastación moral. Alberto Fujimori no se conformó con concentrar poder, construyó una monarquía criolla donde la voluntad del dictador se convirtió en ley. ¿Resultados? Una economía estabilizada, sí, pero a costa de pobreza y sangre. La guerra contra el terrorismo se ganó, pero con la sombra de Colina y las matanzas que siguen manchando la memoria del país.
Hoy, cuando Keiko reaparece con su partido en la mira de la Fiscalía, la pregunta no es si sobrevivirá al embate legal. La verdadera pregunta es cómo un movimiento con semejante prontuario aún se mantiene en el tablero político. La respuesta es simple: porque el sistema lo permite. Porque un Congreso poblado de intereses particulares encuentra en Fuerza Popular un socio útil. Porque la memoria nacional, erosionada por la desconfianza, tolera que las mismas caras de siempre se reciclen una y otra vez.
La fiscal Espinoza dio un paso que, aunque simbólico, exhibe la podredumbre de un sistema político que protege a los de siempre. Hildebrandt puso en palabras lo que muchos piensan: el fujimorismo es una maquinaria que se alimenta de recursos ajenos y se presenta como víctima cada vez que alguien osa cuestionarlo. La supuesta “defensa de la democracia” no es más que el disfraz de un poder que se niega a perder privilegios.
Reflexión final
El país está en una encrucijada: ¿seguirá tolerando que el fujimorismo se reinvente para perpetuarse o asumirá que la democracia exige cerrar capítulos oscuros? Si la justicia no avanza, quedará claro que el fujimorismo no es solo un partido: es el espejo de un Estado que aún no se atreve a sacudirse del todo sus propias cadenas. Lo que Espinoza hizo fue encender una lámpara; lo que Hildebrandt recordó fue que el monstruo sigue vivo. Y lo peor: que todavía encuentra quien lo alimente.