Desde mañana, viajar del Callao al Cercado de Lima costará S/1.50 en lugar de S/1.00. El medio sol extra no es para mejorar el servicio, ni para modernizar buses, ni para que los choferes trabajen con mejores condiciones. Ese “ajuste” es, en realidad, el impuesto que los pasajeros pagarán para que las mafias de la extorsión sigan dictando las reglas. La noticia la dieron los propios transportistas: las bandas criminales les cobran por dejarlos circular, y ellos trasladan la factura a los ciudadanos. El Estado, mientras tanto, mira desde la tribuna, con la pasividad que caracteriza al desgobierno de Dina Boluarte.
La postal es clara: cinco bandas distintas se reparten la misma ruta en la avenida Argentina. Cinco jefes de peaje ilegal que, sin necesidad de licitación ni concesión, han tomado el control de lo que debería ser transporte público. ¿La tarifa oficial? S/1.00. ¿La tarifa mafiosa? S/0.50 adicionales. Y como nadie pone orden, la ecuación se ha vuelto parte de la rutina: en cada pasaje, los pasajeros ya no solo financian gasolina, aceite y repuestos, también financian la impunidad.
El Callao no es la excepción; es apenas el espejo de lo que ocurre en el país entero. Hoy se encarece el pasaje por cupos; mañana serán los productos del mercado con “recargo extorsión”; pasado mañana, quizá el recibo de luz traiga un ítem extra: “seguridad tercerizada por las mafias”. Y nadie podrá reclamar, porque el Estado ha decidido que gobernar es un verbo demasiado exigente.
La indignación no está en que los pasajes suban —eso ya lo conocemos cada vez que hay crisis de combustible o huelga—, sino en la causa del alza: el miedo. Los pasajeros viajan pagando no por un asiento, sino por la esperanza de llegar vivos. Y el gobierno responde con un silencio que se confunde con complicidad.
Dina Boluarte prometió devolver la paz a las calles, pero la realidad es que las calles ya tienen nuevos dueños. Los empresarios del transporte lo saben; los pasajeros lo sufren; las mafias lo celebran. Y mientras tanto, el Ejecutivo se limita a inaugurar penales en maquetas y a anunciar “estrategias” que nunca llegan al asfalto.
El alza de pasajes en el Callao desnuda la verdad incómoda: hoy los peruanos pagamos dos gobiernos. El oficial, que cobra impuestos sin ofrecer seguridad; y el paralelo, el de las mafias, que cobra cupos a cambio de dejarnos transitar. La tarifa del miedo ya está institucionalizada.
Reflexión final
Lo ocurrido en el Callao debería escandalizar al país entero, porque no es un problema de buses ni de tarifas, es la prueba de que el Estado renunció a gobernar las calles. El medio sol extra que hoy paga el pasajero es más que un recargo: es el símbolo de un país donde la extorsión se volvió política pública y la ciudadanía financia, sin quererlo, el verdadero ministerio del interior: el crimen organizado. Y la pregunta que incomoda se hace inevitable: ¿cuál será el próximo precio oficial del desgobierno, y quién nos avisará cuando los cupos se conviertan en el nuevo impuesto nacional?