El transporte público en Lima Sur ya no obedece al reloj ni al tráfico, sino al calendario criminal de las mafias. Las extorsiones, el cobro de cupos y los atentados armados se han vuelto la regla, y las empresas de transporte acumulan pérdidas que superan los S/100 mil al mes. Pero lo más grave no son los balances financieros, sino las vidas perdidas y el miedo que paraliza a choferes y pasajeros. ¿El Estado? Dormido. ¿El gobierno? Ocupado en viajes internacionales, aviones de guerra y lujos para generales, mientras el país entero circula por una autopista sin salida: la del desgobierno.
La realidad golpea más fuerte que las balas que reciben los conductores: 14 choferes asesinados en lo que va del año, decenas heridos, cientos de familias condenadas a la precariedad. Empresas como Santa Catalina, Evipusa y Etuchiza, con décadas de historia, han reducido flotas por miedo a que una bala firme su acta de defunción. Hoy, buses que antes recorrían la ciudad transportando esperanza están estacionados como monumentos al fracaso estatal.
Los extorsionadores no solo cobran cupos: gobiernan rutas, deciden quién maneja, a qué hora y bajo qué condiciones. Un país en el que los delincuentes ponen las reglas mientras la Policía carece de chalecos y patrulleros no es un país, es un territorio abandonado. Y lo irónico es que el dinero existe: se malgasta en Petroperú, se despilfarra en autos de lujo y se esfuma en viajes presidenciales que no resuelven ni el tráfico de Miraflores, mucho menos el infierno de Villa El Salvador.
Los pasajeros también pagan el costo del desgobierno. Rutas recortadas, menos buses, más horas de espera y la certeza de que su seguridad depende del azar. La extorsión no solo vacía los bolsillos de transportistas, vacía también la confianza en un Estado que parece decidido a mirar hacia otro lado.
Mientras tanto, el gobierno habla de “planes de reactivación” y “estrategias de seguridad”, pero en las calles la estrategia es sobrevivir. La única certeza es que los mafiosos cumplen lo que prometen: si no pagas, disparan. El Estado, en cambio, promete lo que nunca cumple: seguridad.
El transporte público se ha convertido en un termómetro de la descomposición nacional: rutas secuestradas, empresas quebradas, choferes en el hospital o en el cementerio, pasajeros atrapados en la indefensión. Y un gobierno que solo se sostiene en la silla presidencial porque se aferra al calendario: sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026, como si el tiempo fuera un salvavidas.
Reflexión final
En un país donde un chofer necesita más suerte que frenos para llegar vivo a casa, la democracia se mide no en urnas, sino en balas. Y mientras las mafias gobiernan con eficiencia macabra, el Estado solo administra excusas. El Perú está circulando sin frenos en una ruta de colapso, y la pregunta no es si el Estado va a reaccionar, sino cuánto más vamos a perder —vidas, recursos, dignidad— antes de que alguien se atreva a recuperar el volante.