Mientras el mundo observa con horror cómo la AmazonÃa peruana se convierte en un territorio tomado por mafias, el gobierno de Dina Boluarte permanece en un cómodo mutis. La minerÃa ilegal, el narcotráfico y la trata de personas han convertido a Madre de Dios en un laboratorio de crimen organizado, donde las niñas indÃgenas son captadas, explotadas y luego abandonadas sin que el Estado mueva un dedo. En lugar de respuestas firmes, lo que encontramos es un paÃs en piloto automático, conducido hacia el abismo de un narcoestado.
Los testimonios son devastadores: niñas de apenas 12 años arrancadas de sus comunidades para terminar en bares de campamentos mineros, jóvenes engañadas con falsas promesas laborales que acaban atrapadas en la explotación sexual, familias indÃgenas silenciadas por el miedo y el estigma. La selva es escenario de esclavitud moderna, pero Lima parece tener los ojos vendados.
La ausencia estatal es tan evidente que casi parece deliberada. Las cifras del Ministerio Público revelan más de 800 casos de trata en Madre de Dios desde 2020, pero detrás de los números está el drama de pueblos enteros arrasados por la codicia y la indiferencia. Ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de la Mujer, ni mucho menos el Ejecutivo ofrecen un plan estratégico. En Palacio, lo urgente sigue siendo sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026, aunque el paÃs se desangre.
El contraste es obsceno: mientras las organizaciones criminales reclutan vÃctimas por redes sociales y lavan millones con el oro ilegal, las comunidades indÃgenas luchan apenas por ser escuchadas. No piden lujos, piden titulación de tierras, acceso a salud, educación y seguridad mÃnima. La respuesta oficial ha sido promesas vacÃas, presupuestos recortados y proyectos de inversión que se diluyen entre trámites y corrupción.
La tragedia se multiplica con la doble exclusión: las vÃctimas indÃgenas no solo cargan con las heridas de la explotación, sino también con el estigma y la marginación al regresar a sus comunidades. El Estado, que deberÃa protegerlas, se convierte en cómplice por omisión. Los discursos sobre derechos humanos se derrumban en la práctica cuando no existen intérpretes de lenguas amazónicas, refugios suficientes ni apoyo real para la reintegración.
El drama de Madre de Dios no es un accidente: es la consecuencia directa de un paÃs sin rumbo, donde el Estado ha cedido territorio y autoridad a mafias que actúan con total impunidad. No se trata de una crisis local, sino de un sÃntoma del colapso institucional. Hoy, en los rÃos contaminados de mercurio y en las comunidades indÃgenas despojadas, se gesta la transformación del Perú en un narcoestado a la vista de todos.
Reflexión final
Cuando la indiferencia se convierte en polÃtica de Estado, el crimen avanza disfrazado de oportunidad. Dina Boluarte podrá aferrarse al poder hasta el 2026, pero su silencio frente a la trata y la minerÃa ilegal ya la condena en la memoria colectiva. Porque mientras el gobierno se esconde, son las comunidades indÃgenas quienes pagan la factura más alta: la de su dignidad y la de su futuro.