La Amazonía, ese pulmón del mundo que debería ser orgullo nacional, se está convirtiendo en una hoguera global y el Perú ya ocupa el vergonzoso quinto lugar entre los países que más destruyen selva tropical. Mientras Brasil y Bolivia lideran la tragedia y Colombia lidia con la violencia rural, el Perú contribuye con entusiasmo a este ranking de la vergüenza. Lo más dramático no es solo la cifra de 190.000 hectáreas arrasadas en 2024 —el doble de lo perdido en 2023—, sino la indiferencia oficial: un gobierno que no tiene ni plan, ni estrategia, ni siquiera voluntad. Boluarte y su gabinete parecen convencidos de que lo único importante es sobrevivir hasta julio de 2026, aunque el país se consuma en humo.
Los datos son tan contundentes que no admiten maquillaje: la región amazónica peruana enfrenta la mayor crisis en dos décadas. Madre de Dios perdió más de 42.000 hectáreas en un año; Loreto suma casi un millón desde 2001; Ucayali y San Martín siguen la misma ruta. Detrás de esas cifras no hay solo árboles caídos: hay comunidades enteras que se quedan sin agua, fauna que desaparece, aire que se envenena y promesas de desarrollo que se desmoronan.
El problema tiene nombre y apellido: incendios sin control, sequías extremas, roza y quema desbordada y, para rematar, leyes débiles que flexibilizan la tala y el cambio de uso de suelos. Una combinación letal que convierte la Amazonía en tierra arrasada. Y mientras la selva arde, el Ejecutivo juega al distraído, aprobando normas improvisadas o culpando al clima, como si el fenómeno de El Niño fuese el verdadero ministro de Ambiente.
La ironía es dolorosa: el Perú se vende al mundo como destino ecológico y biodiverso, pero en casa arrasa con su propio capital natural. La gastronomía, que tanto presume insumos amazónicos, pronto necesitará importar ajíes y frutos si el bosque sigue cayendo. Y todo esto ocurre con una presidenta que no atina a diseñar un plan de mitigación, ni a reforzar el marco legal, ni a enfrentar a las mafias de la tala y minería ilegal que engordan mientras la selva agoniza.
El ranking de la deforestación no es un cuadro estadístico más: es la fotografía de un Estado que ha renunciado a proteger lo esencial. El Perú no solo destruye bosques, destruye también su futuro. Cada hectárea perdida significa menos agua, más emisiones de carbono, mayor vulnerabilidad frente al cambio climático y un golpe directo a la economía de las comunidades amazónicas.
Reflexión final
Si la Amazonía se cae a pedazos y el Estado sigue de brazos cruzados, no se trata de incapacidad: se trata de abandono. El país no puede aceptar que la política ambiental se reduzca a discursos de ocasión y promesas vacías. La selva no arde sola: la queman la corrupción, la indiferencia y la falta de visión. Y mientras Boluarte sobrevive en el poder, la Amazonía muere en silencio. La verdadera pregunta es si, cuando despertemos, quedará algo más que cenizas para gobernar.