En el Perú, las elecciones se parecen cada vez más a un circo, pero no uno de esos alegres y coloridos, sino a un espectáculo grotesco donde los payasos legislan, los domadores administran justicia y los malabaristas son alcaldes que confunden gestión pública con campaña partidaria. En esta función 2026, uno de los actos más esperados ha sido protagonizado —una vez más— por Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y presidente de Renovación Popular, quien decidió usar los recursos públicos de la Municipalidad como si fueran volantes de su partido. ¿Quién necesita propaganda cuando puedes disfrazar gestión con celeste partidario?.
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro fue claro: el alcalde infringió el deber de neutralidad electoral al usar su cuenta oficial de Facebook —sí, la que debería informar sobre obras y servicios públicos— para publicar contenidos con el color, nombre y logo de su partido. Y no contento con eso, lo hizo con material audiovisual producido por la propia Municipalidad. Un remix político de fondos públicos y aspiraciones electorales. El JEE no lo dice así, claro. Lo llama “quebrantamiento del principio-deber de neutralidad en periodo electoral”, porque “abuso de poder descarado” todavía no es término técnico en derecho electoral.
Más grave aún: el JEE detectó que el video compartido por el alcalde mostraba el logo de Renovación Popular con una X encima, lo cual —según el diccionario común— se llama “proselitismo”. Pero, claro, en el Perú eso se traduce como “observación administrativa” y una cordial invitación a no volver a hacerlo, como si el país fuera un jardín de infancia y no una democracia en crisis.
El colmo llegó cuando el mismo López Aliaga aseguró que la reunión sobre el tren Lima–Chosica será secreta, como si gobernar Lima fuera una sesión del Vaticano y no un acto de servicio público. Transparencia selectiva: para la campaña, redes sociales abiertas. Para la ciudadanía, puertas cerradas.
La resolución del JEE es precisa: se debe comunicar a la Fiscalía, Contraloría y la Oficina de Integridad de la MML, porque, según la ley, el uso de recursos públicos para beneficio político está prohibido. Pero todos sabemos cómo acaba esto: un par de oficios, declaraciones de rutina, y al final… silencio administrativo.
Si no apela, el proceso queda “consentido”. Consentido, como quien dice “ya está perdonado”. ¿Y si reincide? Ah, ahí sí podría recibir una multita de hasta 515 mil soles. Una cifra que para cualquier ciudadano sería impagable, pero para quien maneja el presupuesto de Lima como si fuera su fondo de campaña, es apenas una inversión política.
Reflexión final
Lo que resulta más indignante es la naturalización de estas prácticas. Que el alcalde más visible del país —el rostro de la capital— rompa el principio de neutralidad electoral y apenas reciba una advertencia es un síntoma. El síntoma de una democracia enferma de impunidad, donde la ley se respeta según el color político, y donde los principios éticos son opcionales, siempre que no molesten al algoritmo.
La neutralidad electoral en el Perú no murió por un solo golpe. Murió por indiferencia, por normalización, por la complicidad de quienes miran a otro lado. Y sí, se murió. Pero nadie fue al velorio. Quizás porque, como siempre, los que tenían que garantizarla… ya estaban en campaña.