La historia reciente del Perú tiene un nuevo protagonista inesperado: los jóvenes de la Generación Z. Durante años fueron ridiculizados como frágiles, adictos a TikTok, encerrados en sus mundos digitales y supuestamente indiferentes a la realidad. Hoy, en un giro que incomoda a los políticos de siempre, son quienes marcan la pauta en las calles y en las redes, recordándonos que la política ya no es patrimonio de partidos moribundos ni de congresistas atrincherados en sus curules, sino de ciudadanos que la viven en tiempo real.
El 13 de septiembre, miles de jóvenes se movilizaron contra la reforma de pensiones que buscaba beneficiar a las AFP en desmedro de los independientes. El 20 y 21, volvieron a ocupar plazas y avenidas para gritar contra la corrupción, la inseguridad y la incapacidad de un gobierno que camina a tientas, como si sobrevivir hasta el 2026 fuese un proyecto de país.
Lo que impresiona no es solo la rapidez con que se organizan, sino la disciplina con la que se blindan ante un Estado que los vigila y reprime. “Ya nos están siguiendo, creemos que vivimos en dictadura”, confesó un organizador. Frases como esa revelan una conciencia política que ni los partidos ni los analistas quisieron reconocer: la Generación Z sabe que la democracia peruana está en terapia intensiva.
Mientras Dina Boluarte se victimiza en la ONU y el Congreso legisla al ritmo de los lobbies, los jóvenes desmontan la narrativa oficial con pancartas, hashtags y marchas que incomodan más que cualquier informe académico.
A los Z se les llamó “generación de cristal”; hoy son la generación que rompe los espejos del poder, devolviendo a la sociedad la imagen de un país gobernado por la corrupción y tomado por el crimen. Allí donde los políticos ensayan discursos huecos sobre “estabilidad” e “inversión”, los jóvenes muestran la precariedad cotidiana: salud colapsada, educación desfinanciada, mercados extorsionados, calles secuestradas por la violencia.
La clave está en su ecosistema. Los Z no confían en partidos, sindicatos ni caudillos: confían en sus redes, en sus códigos, en su capacidad para informarse y actuar de inmediato. Para ellos, la política no es un trámite electoral cada cinco años, sino una práctica viva y disruptiva. Donde los adultos esperan el próximo proceso electoral, los jóvenes se plantan en la calle hoy, porque saben que no hay futuro si no se defiende el presente.
Más aún, esta generación no pide lujo ni promesas vacías: exige lo mínimo que el Estado debería garantizar y no cumple. Trabajo digno, seguridad, educación accesible, salud decente. Nada de discursos grandilocuentes, solo la posibilidad de vivir sin miedo a ser extorsionado, sin temor a que un familiar muera en la puerta de un hospital. Ese pragmatismo convierte su protesta en un mensaje brutal: el país está al borde del colapso, y ellos no aceptan heredar el desastre en silencio.
La Generación Z no es el futuro: es el presente incómodo. Lo que los adultos destruyeron con indiferencia, corrupción y desgobierno, los jóvenes intentan recuperar con indignación organizada.
Si antes se les veía como consumidores distraídos, hoy son los ciudadanos más informados y vigilantes. Y si algo revela su irrupción es que la paciencia social se agotó: los Z no heredarán un narcoestado sin luchar, no aceptarán un Congreso mafioso sin protestar y no se resignarán a un gobierno en piloto automático sin resistir.
En tiempos donde la resignación parece norma, los jóvenes ya entendieron lo esencial: el poder no se observa, se confronta. Y mientras Boluarte y el Congreso sobreviven con discursos huecos, la Generación Z ya tomó las calles, la palabra y el protagonismo histórico que los políticos quisieron negarles.