El 2 de octubre no será un día cualquiera. Más de 70 empresas de transporte formal han convocado a un paro nacional para exigir algo tan básico como el derecho a trabajar sin ser asesinados, extorsionados o secuestrados. En cualquier país que aspire a llamarse Estado, este pedido sería obvio; en el Perú de Dina Boluarte, se convierte en súplica desesperada. Mientras la presidenta gasta recursos en aviones de guerra, autos de lujo para generales y viajes improductivos al extranjero, las calles son tomadas por bandas criminales que gobiernan a punta de balas y cobros de cupos.
El anuncio del paro, encabezado por Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, no es un capricho gremial: es un grito de auxilio. Ya no se trata de protestar por subsidios o tarifas, sino por sobrevivir. La extorsión y el sicariato se han vuelto parte de la rutina. Cada asesinato de un transportista es la confirmación de que el país está en piloto automático, rumbo a estrellarse.
Lo más revelador es la propuesta de los transportistas: crear una unidad de élite que integre Policía, Fiscalía y Poder Judicial. Una suerte de “superpolicía” que trabaje unida para que no se repita la tragicomedia de “yo capturo, la Fiscalía no denuncia y el Poder Judicial no encarcela”. En resumen, una invitación a que el Estado actúe como Estado. Pero claro, para eso se necesita lo que hoy falta: voluntad política.
Mientras tanto, el desgobierno se pasea por foros internacionales repitiendo que el Perú es un país “confiable”, cuando en la práctica los ciudadanos ya ni confían en salir a trabajar. La minería ilegal avanza, el narcotráfico se afianza y el crimen organizado ha encontrado en nuestro territorio el terreno fértil para convertirlo en un narcoestado. Todo esto mientras salud, educación, agricultura y nutrición colapsan en silencio, víctimas de la indiferencia oficial.
Que 72 empresas de transporte decidan paralizar sus actividades no es un hecho aislado: es la radiografía de un país en donde la ciudadanía ha perdido la fe en las instituciones y empieza a buscar, por sí misma, soluciones desesperadas. Lo que debería garantizar el Gobierno –seguridad y justicia– se ha convertido en un lujo inalcanzable. Y en medio de este caos, Boluarte parece más preocupada por sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026 que por gobernar.
Reflexión final
El paro del 2 de octubre es más que una protesta de transportistas: es un mensaje que debería retumbar en Palacio. El clamor ciudadano es claro: basta de indiferencia, basta de discursos vacíos, basta de un Estado ausente. Cuando el pueblo exige protección frente a las mafias y no la recibe, el verdadero fracaso no es solo de un gobierno, sino de toda una clase política que ha dejado al Perú al borde del abismo.