Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, ha decidido convertir la renuncia electoral en un espectáculo digno de reality político. Ha anunciado que el 13 de octubre ante el Concejo Municipal comunicará si deja o no el cargo para postular a la presidencia en 2026, tal como exige la ley. En vez de actuar con claridad y respeto por las normas, ha optado por el juego del suspenso: dejar a la capital sin rumbo mientras prepara su salto nacional. En palabras suyas, está “listo para vivir y para morir”. Lo que no dice es que también está listo para usar el cargo como trampolín electoral.
El anuncio no es aislado. López Aliaga enfrenta actualmente un proceso del Jurado Electoral Especial (JEE) por vulnerar la neutralidad electoral al usar material de la Municipalidad de Lima para hacer proselitismo en redes sociales. Según la resolución a la que accedió Infobae Perú, sus publicaciones llevaban su nombre en color celeste, característico de su partido, junto al logo de la comuna. El JEE concluyó que esto favorecía a Renovación Popular y remitió los hechos al Ministerio Público, Contraloría y Concejo Municipal.
En paralelo, López Aliaga sigue liderando encuestas con alrededor de 10 % de intención de voto, superando a Keiko Fujimori. No es casualidad: ha logrado construir una narrativa de outsider moralista mientras ejerce el poder municipal con recursos públicos. El “retiro espiritual” que hizo en Europa semanas antes —con el fallido intento de encuentro con el Papa León XIV— no fue una pausa, sino una preparación. La puesta en escena está clara: victimización, suspenso y cálculo político.
Lo más grave es que, mientras juega a “me quedo o me voy”, la ciudad enfrenta problemas reales: inseguridad, informalidad y déficit de servicios. Pero esos asuntos parecen secundarios frente al espectáculo personal. El alcalde no es el único: la política peruana está llena de autoridades que usan sus cargos como pasarela electoral, rompiendo la neutralidad, debilitando la institucionalidad y normalizando el conflicto de intereses.
El caso López Aliaga revela algo más profundo: la incapacidad del sistema electoral para impedir que las autoridades en funciones conviertan sus cargos en plataformas de campaña. La normativa existe, pero su cumplimiento depende de la voluntad política de quienes la violan. El JEE puede advertir, sancionar e imponer multas de hasta 100 UIT (entre S/160,500 y S/515,000), pero ¿cuánto pesa una multa frente al botín de una candidatura presidencial?
La escena del 13 de octubre será apenas el clímax de un guion ya escrito: un líder que decide su destino en vivo y en directo mientras los ciudadanos quedan reducidos a espectadores.
Reflexión final
La democracia no puede seguir siendo un teatro donde los actores principales escriben las reglas sobre la marcha. El anuncio de López Aliaga es un síntoma de un mal mayor: la normalización del uso del poder público para fines privados y partidarios. Cada vez que un alcalde, gobernador o congresista “evalúa” su renuncia como si fuera una ofrenda heroica, debilita la confianza ciudadana y profundiza el cinismo político.
En 2026, los peruanos no solo elegiremos autoridades; también definiremos si aceptamos que la política siga siendo un reality de cálculo y suspenso o si exigimos reglas claras, sanciones efectivas y líderes que respeten la ética pública. Porque la neutralidad electoral no es un favor que nos hacen; es la base mínima de una democracia sana. Y esa base hoy está, otra vez, en juego.