En el Perú de Dina Boluarte, salir a manejar un bus se parece demasiado a jugar a la ruleta rusa. Los transportistas no paran porque quieran —paran porque los están matando a balazos, extorsionando a diario y cobrando cupos como si fueran impuestos oficiales. Y como el Gobierno no gobierna, la única salida es paralizar el país, otra vez, en octubre. El mensaje es claro: si el Estado ha decidido rendirse frente a las mafias, serán los ciudadanos organizados quienes ocupen el vacío.
Walter Carrera, vicepresidente de Asotrani, lo dijo sin rodeos: “Seguiremos saliendo a las calles hasta que nos escuchen”. Palabras que duelen porque retratan una realidad invertida: los transportistas piden seguridad para poder trabajar, mientras el Ejecutivo responde con silencio, burocracia y represión… pero solo contra quienes protestan.
¿Extorsiones, asesinatos, amenazas? Nada. ¿Manifestaciones en la plaza San Martín? Ahí sí aparece un batallón de policías listos para cargar. El Estado fuerte contra estudiantes y choferes; el Estado invisible contra sicarios y bandas armadas. Esa es la ecuación de la seguridad en tiempos de Boluarte.
La situación raya en lo grotesco. Empresas históricas reducen flota, conductores abandonan rutas por miedo y miles de pasajeros quedan a su suerte. No hablamos de casos aislados: hablamos de un país donde las organizaciones criminales gobiernan avenidas, mercados y hasta barrios completos. Mientras tanto, el Gobierno prefiere invertir en aviones de guerra y autos de lujo para generales antes que en patrulleros o chalecos antibala para policías que patrullen las calles de verdad.
El resultado está a la vista: el transporte público convertido en blanco de balas y cupos; la ciudadanía reducida a rehén del crimen organizado; y el Gobierno más ocupado en sobrevivir hasta el 2026 que en cumplir la función básica de cualquier Estado: proteger la vida.
Cada paro de transportistas es, en realidad, un referéndum silencioso sobre la incapacidad del Ejecutivo. La indignación ya no se mide en encuestas, sino en calles bloqueadas, buses estacionados y familias enteras que prefieren perder un día de trabajo antes que perder la vida en una emboscada criminal.
Reflexión final
El país arde, y mientras los transportistas, estudiantes y comerciantes levantan la voz, el Gobierno se tapa los oídos. Lo irónico es que los paros ya no buscan solo seguridad: se han convertido en el recordatorio de que la calle está mejor organizada que el Estado. Y cuando la ciudadanía se ve obligada a reemplazar al Gobierno, no hablamos de democracia: hablamos de un desgobierno que ya perdió el control, si es que alguna vez lo tuvo.