En un país donde el 96 % de la población rechaza al Congreso y el resto simplemente lo ignora, los padres de la patria han decidido que su contribución a la democracia será… levantar la “ley seca”. En medio de una crisis política, económica y moral, los honorables legisladores no encuentran tiempo para debatir la reforma electoral, la fiscalización de financiamientos turbios, ni el combate al narcocandidato. Pero sí corren, casi con sed, a permitir que compremos whisky antes de votar. ¿La prioridad nacional? Que el pueblo pueda brindar por su miseria.
La Comisión de Constitución ha puesto sobre la mesa un predictamen que busca derogar la “ley seca”, esa restricción que impide la venta de bebidas alcohólicas desde las 8:00 a.m. del día anterior a las elecciones hasta las 8:00 a.m. del día siguiente. ¿El argumento? Que es “anacrónica”, que ya no vivimos en tiempos de violencia electoral, que ahora los locales están resguardados y que nadie se emborracha antes de votar. Un relato tan ingenuo que solo puede provenir de quienes jamás han hecho una cola en San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador durante una elección.
La defensa económica de la medida —que afecta a bodegas, bares y MYPES— es válida. Pero ese mismo Congreso que ahora se muestra conmovido por la venta de cerveza, fue el mismo que le dio la espalda al subsidio de reactivación de miles de pequeños negocios post pandemia. Y cuando se trata de discutir el salario mínimo, mejorar el acceso a salud o frenar la inflación de alimentos, el “impacto económico” se les olvida. Hipocresía de etiqueta negra.
Más grave aún es el intento de flexibilizar la publicación de encuestas hasta tres días antes de la elección. En un país donde muchas encuestadoras se han convertido en termómetros al servicio del que paga más, y donde los ciudadanos no tienen acceso a formación crítica, ampliar la difusión solo garantiza que el que más dinero tenga, manipule el escenario hasta el último segundo. Se disfraza de “transparencia informativa” lo que en realidad es propaganda tardía maquillada de dato técnico.
¿Y dónde está la reforma estructural del sistema electoral? ¿Dónde el control del financiamiento ilegal? ¿Dónde el debate sobre listas abiertas o bicameralidad real? Esos temas no se tocan porque implican perder privilegios. En cambio, eliminar la ley seca es cómodo, simbólico, populista, y les da titulares bonitos: “modernización del proceso electoral”, “medida progresista”, “derecho al consumo”. Nada más alejado de una reforma real.
Sí, tal vez sea hora de revisar la ley seca. Pero no en un Congreso ebrio de impunidad, donde el maridaje entre política y cinismo se sirve en copas de cristal y se brinda a espaldas del pueblo. No en un Parlamento que legisla para la anécdota, mientras ignora la podredumbre que carcome el sistema electoral. No cuando el país entero pide limpieza, no de botellas, sino de candidatos.
Reflexión final
La democracia peruana no necesita más libertad para beber, necesita más claridad para elegir. Mientras los congresistas se ocupan de permitirnos tomar antes de votar, se olvidan de lo esencial: que el verdadero licor que embriaga al Perú no viene en botellas, sino en promesas vacías, encuestas manipuladas y urnas contaminadas por el poder del dinero. El problema no es brindar antes del voto. El verdadero problema es despertar con la resaca de haber elegido, una vez más, a los mismos de siempre.