El aeropuerto Jorge Chávez ha pasado de ser la vitrina del Perú al mundo a convertirse en un hangar con pretensiones de terminal aéreo. Sucesivas quejas por demoras, infraestructura insuficiente y servicios deficientes no han impedido que, desde el 27 de octubre, los pasajeros internacionales en tránsito tengan que desembolsar US$ 12.67 adicionales por la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA). La medida, anunciada por Lima Airport Partners (LAP), revela la paradoja de siempre: mientras el servicio se desploma, los cobros se incrementan.
El cobro afectará a quienes usen Lima como punto de conexión internacional, un grupo que ya paga tarifas altas en sus boletos y que ahora deberá sumar un gasto obligatorio en módulos físicos o plataformas virtuales. Para una familia o grupo, la suma puede resultar significativa y, en muchos casos, disuasiva.
El operador justifica la medida como una manera de cubrir costos de operación y servicios de conexión. Sin embargo, la TUUA ya está incluida en los pasajes regulares, por lo que este nuevo pago parece menos una mejora en el servicio y más un negocio adicional disfrazado de “ajuste contractual”.
El verdadero problema no está solo en los 12.67 dólares, sino en la ausencia de autoridades que regulen con firmeza un servicio esencial para la competitividad del país. ¿Dónde está Ositran? ¿Dónde está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Los entes encargados de supervisar parecen resignados a ser convidados de piedra, avalando que el aeropuerto principal del país cobre como si ofreciera estándares internacionales, cuando la realidad es que funciona como terminal precario.
A los pasajeros se les exige más desembolso, pero no se les ofrece comodidad, agilidad ni eficiencia. El Jorge Chávez arrastra falencias estructurales: largas colas, demoras interminables en migraciones, servicios sanitarios limitados y zonas de embarque que parecen improvisadas. En vez de convertirse en un hub regional moderno, se consolida como un espacio caro, incómodo y mal gestionado.
Lo irónico es que el Estado, en lugar de priorizar la defensa del usuario, se alinea con la concesionaria. No hay un plan integral para mejorar el servicio ni sanciones por los incumplimientos acumulados. Lo que sí hay es un silencio cómplice que convierte la tarifa en un símbolo de la lógica que gobierna al país: pagar más por menos, sin derecho a reclamar.
El cobro de la TUUA adicional es más que un simple ajuste tarifario: es una metáfora del desgobierno nacional. Se cobra al usuario como si se tratara de un aeropuerto de primer mundo, pero se ofrece un servicio que ni siquiera cumple con lo básico. Se trata de un despropósito avalado por la inacción estatal, que golpea la imagen internacional del Perú y castiga a los pasajeros que solo buscan una conexión eficiente.
En un país donde la política está en piloto automático y los servicios públicos colapsan, el aeropuerto Jorge Chávez se suma a la lista de instituciones que han hecho del ciudadano un cliente cautivo. El nuevo cobro no representa modernidad ni calidad: representa el abuso normalizado, la impunidad regulatoria y el desprecio por el usuario.