El Perú es experto en ironías. Tenemos una de las siete maravillas del mundo moderno, pero la tratamos como si fuese un parque de barrio sin presupuesto municipal. Hoy, Cusco proyecta una recesión de S/ 75 millones al 2026, con medio millón de turistas menos y hasta $300 millones en pérdidas. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte administra el país como quien deja un tren sin frenos en pendiente: mirando al cielo y esperando no estrellarse antes del 28 de julio.
Los números no son simples estadísticas, son la radiografía del derrumbe. S/ 25 millones perdidos en solo cinco días de bloqueos en Machu Picchu; 15% de cancelaciones hasta fin de año; 33,000 empleos en riesgo que nunca se recuperaron de la pandemia. El turismo, que representa hasta el 40% del turismo receptivo nacional, se desangra ante la inacción del Estado.
Mientras los gremios claman por medidas urgentes, el Ejecutivo responde con silencio o, peor aún, con distracciones. Como si la economía regional pudiera esperar mientras se reparten blindajes políticos y se aprueban compras militares.
El problema no es solo la protesta, sino la normalización del desgobierno. En cualquier país serio, el bloqueo de la puerta de entrada al turismo mundial sería tratado como un asunto de seguridad nacional. En el Perú, en cambio, es un espectáculo repetido: piedras en la carretera, trenes detenidos, hoteles vacíos… y un gobierno que observa como si el problema fuera ajeno.
El sarcasmo se escribe solo: Machu Picchu es patrimonio cultural de la humanidad, pero aquí parece patrimonio del desgobierno. Se vende al mundo como un destino de ensueño, pero los turistas llegan y encuentran un aeropuerto que parece hangar, vías bloqueadas y un Estado que brilla por su ausencia. La paradoja es brutal: mientras México blinda Cancún y Colombia protege Cartagena como motores de su economía, el Perú deja que Machu Picchu se convierta en rehén de la parálisis política.
Lo que ocurre en Cusco es la síntesis del país: un gobierno que gobierna sin gobernar. Boluarte sobrevive políticamente, pero cada día que pasa el Perú pierde competitividad, confianza y, sobre todo, futuro.
El Cusco no necesita discursos, necesita decisiones. Declarar a Machu Picchu activo crítico nacional, crear una agencia autónoma y aplicar la ley contra bloqueos no es un lujo: es una urgencia. Cada turista perdido es un empleo menos, cada día de bloqueo es una herida que la región no puede costear.
El desgobierno ha convertido la joya del Perú en un negocio en ruinas. Y si no se actúa de inmediato, el mensaje será devastador: que en el país de Machu Picchu la maravilla no está en la montaña, sino en cómo un gobierno puede destruir lo que generaciones enteras construyeron.