Cuando hasta la Confiep, símbolo del poder económico que durante décadas prefirió el silencio prudente, decide alzar la voz, es porque el país ya tocó fondo. Si los empresarios —habituales aliados del orden y la estabilidad— piden redoblar los servicios de inteligencia, es porque el Estado ha renunciado a gobernar. Lo que tenemos hoy no es un gobierno, es una oficina vacía con un retrato colgado en Palacio. El crimen organizado dirige las calles, la minería ilegal las montañas, el narcotráfico las rutas y la indiferencia los despachos.
Jorge Zapata, presidente de la Confiep, lo dijo sin rodeos: “Es inaceptable que la delincuencia siga ganando terreno y amenace el funcionamiento de transportistas y empresarios”. Y tiene razón: ya no es solo una ola criminal, es una marea que arrastra al país entero. Los transportistas pagan cupos, los comerciantes se protegen con rejas y los empresarios piden clemencia al Estado para poder trabajar. Mientras tanto, Dina Boluarte —desde su pedestal de negaciones— insiste en que “no hay crisis”, como si los muertos diarios fueran simples estadísticas que se borran con un comunicado.
El Perú se ha convertido en una tragicomedia en la que los delincuentes legislan con balas, los ministros improvisan conferencias, y la presidenta sigue viajando al extranjero mientras el país se hunde entre humo, miedo y sangre.
No es exageración: estamos a medio paso del narcoestado. Las bandas ya controlan municipios, financian campañas locales, compran lealtades y siembran el terror donde el Estado nunca llega. Las minas ilegales producen más oro que las legales, y las carreteras son campos de batalla entre extorsionadores y transportistas. El Perú está tomado, pero no por invasores, sino por la inercia política de un gobierno que ni gobierna ni deja gobernar.
Y mientras todo arde, la respuesta oficial es un eco de impotencia. La presidenta Boluarte prefiere el papel de víctima antes que el de líder. Se queja de ataques mediáticos, de “odio”, de “fake news”, como si el dolor de un país entero fuera un invento de las redes. No gobierna, se defiende. No actúa, se lamenta. No enfrenta, se esconde.
Y es ahí donde la indignación se convierte en miedo: porque ya no se trata solo de un desgobierno, sino de una rendición ante el crimen organizado. Los ministros cambian, los escándalos se repiten y las calles siguen perteneciendo a los delincuentes. El silencio del Estado se ha vuelto cómplice.
Que la Confiep, el gremio que siempre apostó por la estabilidad, haya tenido que exigir al Gobierno que despierte, es el último síntoma de un país anestesiado por la incompetencia. Cuando hasta los empresarios piden seguridad como quien suplica auxilio, significa que el Estado ya no inspira respeto, sino lástima.
El Perú está secuestrado: por las balas, por la corrupción y por un poder que se aferra al sillón mientras todo se desmorona. Dina Boluarte puede seguir culpando a la prensa o a los “odiadores”, pero la verdad es más simple y más dura: ya nadie cree en ella, nadie la sigue y nadie la respeta.
El país no necesita más discursos ni conferencias, necesita un gobierno que gobierne. Porque cuando hasta los gremios empresariales se convierten en portavoces del miedo, no estamos ante una crisis de seguridad, sino ante la confirmación de que el Estado peruano se rindió sin pelear.
Y mientras tanto, los delincuentes celebran su victoria: gobiernan un país sin presidente y con miedo de sí mismo.