Tuvieron que pasar denuncias, reclamos y titulares para que el todopoderoso Indecopi —ese ente que despierta solo cuando el escándalo lo sacude— reaccionara. Esta vez su “víctima” fue Scotiabank, multado con poco más de S/124 mil por otorgar un préstamo no solicitado y permitir operaciones fraudulentas. Una sanción que suena ejemplar, pero que, en la práctica, apenas le hace cosquillas al banco. Sí, Indecopi volvió a despertar… pero, como siempre, demasiado tarde.
El caso parece una comedia negra: una clienta descubre que tiene un préstamo que nunca pidió, mientras otro usuario ve cómo su tarjeta ejecuta tres transacciones internacionales sin su autorización. El banco, imperturbable, responde con su frase favorita: “Estamos verificando su caso”, que suele significar “espere sentado y no reclame mucho”.
El Indecopi determinó que Scotiabank vulneró gravemente los derechos del consumidor: primero, por no garantizar la seguridad de las operaciones; y segundo, por aplicar métodos coercitivos al cargar un préstamo inexistente. Sin embargo, el verdadero problema no está solo en el banco, sino en la pasividad de una autoridad que parece más preocupada por no incomodar a las grandes corporaciones que por proteger a los ciudadanos.
La multa impuesta equivale a una propina institucional. Scotiabank gana eso antes de que termine el desayuno en su directorio. Es la cuota simbólica para mantener las apariencias: se peca, se paga y se sigue operando con sonrisa publicitaria. Mientras tanto, el cliente afectado debe peregrinar entre líneas de atención saturadas, correos automáticos y formularios inútiles, rogando que su deuda fantasma desaparezca del sistema financiero.
El guion es siempre el mismo: el banco niega, el usuario reclama, Indecopi despierta y aplica una sanción menor. Fin del acto. Lo grotesco es el doble discurso: Scotiabank, mientras vulnera derechos, lanza campañas sobre “confianza y progreso”; e Indecopi, mientras llega tarde, promueve charlas sobre “educación del consumidor”. Es como si el bombero dictara talleres de prevención después de ver cómo se quema la casa.
El Perú tiene un Indecopi que actúa como semáforo averiado: solo funciona cuando alguien lo golpea. Su lentitud no es azarosa, es estructural. Detrás de su tibieza hay miedo político y presión económica. Scotiabank fue sancionado, sí, pero no porque el sistema funcione, sino porque el escándalo fue demasiado grande para ignorarlo.
Reflexión final:
La multa a Scotiabank no es justicia, es un simulacro de ella. Indecopi volvió a demostrar que la defensa del consumidor en el Perú depende más del ruido mediático que de la ley. Y mientras tanto, los bancos siguen mandando, decidiendo y cobrando, sabiendo que, si se equivocan, pagarán… pero con dinero que les sobra.