Siete mil quinientos millones de soles al mes. Esa es la cifra que las mafias extorsivas amasan en Lima y Callao bajo la mirada indiferente del Estado. Es el nuevo presupuesto paralelo de un país tomado por bandas criminales y abandonado por un Gobierno que no gobierna. Dina Boluarte, mientras tanto, continúa su monólogo de supervivencia hasta el 28 de julio de 2026, repitiendo frases vacías sobre “seguridad ciudadana” mientras el país se desangra en cada esquina.
La economía del miedo ya tiene estructura, jerarquía y flujo de caja. Según Martín Ojeda, de la Cámara Internacional de Transporte, cada empresa paga entre dos y cinco cupos mensuales que oscilan entre S/30,000 y S/78,000. Trescientas rutas sometidas, choferes amenazados, pasajeros aterrados. El cálculo es brutal: S/7,500 millones mensuales para las mafias, limpios y garantizados. Es decir, las organizaciones criminales facturan más que varios ministerios juntos. Y lo hacen con absoluta impunidad, mientras el Estado juega a las reuniones intersectoriales y el premier convoca comisiones que no llegan ni a papel.
El transporte urbano —columna vertebral de una ciudad caótica— hoy es una red de extorsión institucionalizada. Los buses no solo transportan pasajeros, transportan miedo. Los empresarios pagan por no morir, los choferes manejan con la certeza de que pueden ser el siguiente y los pasajeros viajan bajo la sombra del sicariato. Lima y Callao se han convertido en el escenario perfecto del desgobierno: un país en piloto automático, donde las bandas organizadas dictan las reglas y el Estado apenas firma actas de compromiso que terminan archivadas junto a la dignidad nacional.
Mientras tanto, Dina Boluarte repite que “los paros no solucionan la criminalidad”, sin darse cuenta de que su propio desgobierno es parte del problema. El país no necesita discursos, necesita un plan; no necesita promesas, necesita autoridad; no necesita blindajes, necesita justicia. Pero el Palacio de Gobierno se ha vuelto una cabina presurizada donde no entra el ruido de las balas ni el clamor de los muertos.
Los transportistas piden articulación entre el Ejecutivo, el Congreso y el Ministerio Público. Lo que reciben es indiferencia, burocracia y fotos para la prensa. Los delincuentes avanzan, los funcionarios se reúnen, y el país retrocede. Cada día que pasa sin acción es otro día en que el crimen se institucionaliza más y el Estado se disuelve un poco más en su propia inoperancia.
Reflexión final
El Perú ya no teme al desgobierno: se ha acostumbrado a él. Pero hay una diferencia entre sobrevivir y vivir, y Dina Boluarte aún no lo entiende. Mientras las mafias cobran cupos, el Estado cobra silencio. Y ese silencio, más que complicidad, ya es renuncia: la renuncia de un país que se acostumbró a ser gobernado por el miedo.