El Perú se desangra a plena luz del día. Las cifras ya no sorprenden, alarman: los casos de extorsión y sicariato han crecido casi 500 % en cinco años. Más de dos millones de empresas —grandes, medianas y pequeñas— viven bajo la ley del miedo. Lima y Callao registran 46 transportistas asesinados en solo doce meses. Y mientras el país se asfixia entre cobros de cupos, secuestros y asesinatos, el Gobierno de Dina Boluarte se limita a mirar el incendio desde Palacio, sin un plan, sin estrategia, sin liderazgo.
Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el crimen organizado ha dejado de ser una amenaza: es una estructura paralela que ya gobierna territorios, impone reglas y cobra tributos. En ese contexto, Boluarte parece haberse resignado a ser la administradora de un Estado sitiado. No hay política de seguridad nacional, ni inteligencia operativa, ni coordinación institucional. Lo único que crece es la sensación de orfandad ciudadana.
La cifra de 1 684 homicidios en lo que va de 2025 —6,4 asesinatos diarios— no es un número: es el retrato de un país descompuesto. Mientras La Libertad y Piura destinan apenas 80 soles por habitante al año en seguridad, las mafias se reparten las regiones con eficacia quirúrgica. El presupuesto crece en el papel, pero la impunidad se multiplica en las calles.
El desgobierno es total. Boluarte gobierna a través del silencio, con ministros que repiten diagnósticos y promesas recicladas. La presidenta no reacciona, solo posterga. No dirige, sobrevive. Y cada día que pasa sin decisiones, el crimen avanza un paso más hacia la institucionalización de la violencia.
El sector privado lo sabe: el país está dejando de ser atractivo para invertir. Las empresas pagan extorsiones, contratan seguridad privada y trasladan los sobrecostos al consumidor. El resultado es un círculo perverso: menos competitividad, más informalidad, más miedo. La economía se erosiona no por falta de capital, sino por falta de autoridad.
Y mientras el país se hunde en la inseguridad, el discurso oficial sigue hablando de “coordinación intersectorial” y “políticas integrales”. Palabras vacías que suenan a burla frente a los cuerpos que caen en las calles y a las familias que entierran a sus muertos sin justicia.
La realidad es brutal: el Perú ya no solo enfrenta al crimen organizado, sino a un Estado desorganizado. La delincuencia ha encontrado su mejor aliado en la apatía del poder. Y cuando el miedo se normaliza, el silencio se convierte en complicidad.
Dina Boluarte prometió estabilidad, pero ha entregado resignación. Su gobierno no combate el crimen: lo tolera. No enfrenta la violencia: la administra. El país ya no está al borde del colapso institucional; ha comenzado a vivir bajo la ley del más fuerte.
El Perú no necesita estadísticas, necesita autoridad moral y política. Porque mientras el Gobierno cuenta cadáveres, las mafias siguen contando billetes. Y el silencio presidencial —ese que huele a renuncia anticipada— es el eco más peligroso de todos.