La destitución de Dina Boluarte, con 122 votos del Congreso, volvió a colocar a Perú en el centro del escrutinio internacional. La noticia recorrió las redacciones del mundo como un eco de algo ya conocido: otro gobierno peruano que cae entre denuncias, violencia e impopularidad. El Mundo la llamó “la presidenta más impopular de la historia del Perú”; BBC Mundo habló del “desenlace de un gobierno sin liderazgo”; DW destacó la rapidez del proceso legislativo; The New York Times lo vinculó al auge del crimen; y France 24 resumió la escena con precisión quirúrgica: “una presidenta sola, abandonada por todos”. Así nos vio el planeta: un país atrapado en su propio círculo de inestabilidad.
Boluarte llegó al poder tras la caída de Pedro Castillo, como una figura que prometía unidad y transición democrática. Terminó siendo el símbolo de la desconexión total entre el poder político y la ciudadanía. Su gobierno se desmoronó en medio de escándalos de corrupción, decisiones erráticas y una crisis de seguridad que dejó al país a merced del crimen organizado. Lo que empezó como un intento de continuidad institucional terminó como otro capítulo de fractura nacional.
El Congreso, al aprobar su vacancia, no actuó movido por un repentino sentido de ética pública, sino por el cálculo político. Los mismos grupos que la sostuvieron —fuerzas conservadoras, sectores empresariales y viejas alianzas parlamentarias— fueron los que finalmente la abandonaron cuando su figura ya no representaba rentabilidad ni poder. Boluarte cayó no por haber traicionado ideales democráticos, sino porque dejó de servir a los intereses de quienes la sostenían.
La prensa internacional no hizo más que reflejar una verdad incómoda: el Perú ha normalizado la crisis. En menos de una década, el país ha tenido seis presidentes y ninguna administración ha logrado restaurar la confianza ciudadana. La política se ha convertido en un juego de supervivencia y oportunismo, donde el corto plazo gobierna y la ética es un recurso decorativo. Cada destitución, cada escándalo, cada protesta reprimida no son hechos aislados, sino síntomas de una enfermedad estructural: la ausencia de una visión moral del poder.
José Jerí Oré, quien asumió la presidencia tras la destitución de Boluarte, representa la continuidad de un modelo político que recicla nombres sin transformar las prácticas. Las investigaciones y cuestionamientos que lo rodean evidencian que el cambio de mando no implica renovación, sino repetición. El país no necesita más transiciones improvisadas, sino un liderazgo ético, transparente y comprometido con el bien común.
El mundo observa con asombro cómo el Perú se hunde en una espiral de descrédito. No hay diplomacia capaz de maquillar lo que ya es evidente: la democracia peruana se ha convertido en un tablero sin reglas. Si la clase política no reconstruye su relación con la verdad, el país seguirá gobernado por la desconfianza, la indiferencia y el miedo. Y mientras tanto, el pueblo, una vez más, pagará el precio de la traición constante de quienes juraron representarlo.