Cuando un gobierno se derrumba, siempre deja una factura. Pero en el caso de Dina Boluarte, la cuenta no solo es política, sino también literal: S/678 mil en sueldos, bonos y gratificaciones. La primera presidenta del Perú —vacada por “incapacidad moral” y un país en ruinas— se despide con un récord que ningún mandatario reciente había logrado: ser la presidenta más cara de los últimos nueve años, y una de las más impopulares de la historia republicana.
La ironía es monumental. Mientras el país se hundía en la violencia, la pobreza y la desconfianza, el Ejecutivo aprobaba duplicar el salario presidencial de S/16 mil a S/35 mil 568 mensuales, una medida “administrativa” que, casualmente, alcanzó a beneficiar a Boluarte durante los últimos meses de su mandato. Ni los relojes Rolex, ni las joyas, ni los viajes internacionales pesaron tanto como ese incremento, que terminó convirtiéndose en el símbolo de su desconexión con la realidad nacional.
El resultado es tan grotesco como predecible. Una presidenta que justificaba su autoridad en el sacrificio y la austeridad, pero que terminó autorizando su propio aumento salarial en medio de una crisis humanitaria y económica, donde miles de peruanos sobreviven con menos de 20 soles al día. La misma mandataria que pedía “unidad y empatía” desde Palacio se aseguró, antes de partir, de no dejar su bolsillo vacío.
Boluarte llegó al poder por accidente, sobrevivió por conveniencia y cayó por inercia. Gobernó sin plan, sin norte y sin pueblo. Pero lo hizo con una obsesión admirable: su estabilidad personal. Su paso por la historia no será recordado por reformas ni resultados, sino por una sucesión de escándalos que redujeron la presidencia a un escenario de vanidad y cálculo. Los Rolex, las operaciones estéticas y el alza salarial son solo capítulos de una misma novela: la del poder entendido como privilegio, no como servicio.
Su salida no es un alivio, es un espejo. El país paga caro no solo los errores de Boluarte, sino la normalización del abuso. En menos de tres años, acumuló más ingresos que algunos de sus antecesores en quinquenios completos. Mientras tanto, el sistema de salud agoniza, los docentes esperan aumentos prometidos y los hospitales colapsan. Esa es la verdadera “gratificación” del pueblo peruano: pagar el lujo de sus gobernantes con el déficit de su propio bienestar.
Ahora, con José Jerí al mando —y heredero inmediato del nuevo salario presidencial— el Perú enfrenta la misma pregunta que repite cada dos años: ¿cuánto cuesta un presidente que no gobierna? El precio, a juzgar por la historia reciente, es alto: credibilidad, esperanza y futuro.
Boluarte se va con la banda presidencial en un cajón y la cuenta corriente intacta. Pero el país, una vez más, queda en números rojos: moralmente quebrado, institucionalmente agotado y socialmente harto. Su gestión fue breve, pero su costo será prolongado. Porque cuando la ética se devalúa, el poder se encarece.