El Perú tiene una habilidad envidiable: convertir el escándalo en rutina y la indignación en parte del paisaje. Una semana antes de que José Jerí jurara como presidente, la Fiscalía Suprema de Familia archivó su denuncia por violación sexual. Todo un récord judicial. Mientras el país ardía en protestas por la vacancia de Dina Boluarte, en los despachos de Lima se firmaba otro documento silencioso, pero igual de grave: el que limpiaba el camino político de un hombre con más sombras que méritos. En un país donde la justicia se arrastra cuando el acusado es pobre y corre cuando el acusado es poderoso, la celeridad del archivo no sorprende: indigna, pero ya no asombra.
El fiscal Tomás Gálvez, recordado por sus vínculos con decisiones controversiales, fue quien decidió cerrar el caso. Alegó que “no existían indicios suficientes” contra Jerí, apoyándose en una prueba de ADN que no lo vinculaba directamente con la víctima. Fin del expediente, caso cerrado, asunto olvidado. Ni pericia psicológica, ni reconstrucción de los hechos, ni análisis de contradicciones. La justicia corrió tanto que se olvidó de investigar.
El reportaje de Epicentro TV, dirigido por Daniel Yovera, reveló lo que el Ministerio Público prefirió no mirar: que el coinvestigado Marco Cardoza —hoy prófugo— era un visitante frecuente del despacho de Jerí, que participaba en actividades suyas y que incluso fue premiado junto con la denunciante semanas antes del presunto abuso. Una coincidencia que, en cualquier país serio, habría ameritado más diligencias. En el Perú, bastó un dictamen de 14 páginas para limpiar el expediente y dejar al acusado listo para asumir la presidencia.
La cronología es casi perfecta: diciembre, la denuncia; agosto, el archivo; octubre, la juramentación. En menos de un año, la justicia peruana resolvió un caso de violación y elevó al denunciado al cargo más alto de la República. Ni la velocidad del avión presidencial es tan eficiente. ¿Casualidad o sincronía institucional? Lo cierto es que el fiscal que archivó la denuncia lo hizo una semana antes de la asunción de Jerí, sellando con tinta judicial el preludio de una presidencia que nació bajo sospecha.
Y mientras los noticieros debatían sobre la “legalidad” del proceso, nadie parecía preguntarse por la moralidad del mismo. ¿Puede un país gobernarse con un presidente cuya primera victoria política depende de un archivo exprés? ¿Dónde están las entidades que deben fiscalizar al Ministerio Público? ¿Dónde el Congreso que, una vez más, eligió la conveniencia sobre la decencia?
El ascenso de José Jerí no es un triunfo político, sino una derrota institucional. Representa el colapso ético de un Estado donde el poder se protege a sí mismo y la justicia actúa como su secretaria personal. Lo grave no es solo que un caso de violación haya sido archivado: lo escandaloso es que el país entero lo haya normalizado.
Reflexión final
El Perú vive en el tiempo del archivo: se archivan denuncias, se archiva la memoria, se archiva la vergüenza. José Jerí asume el poder no porque el pueblo lo eligió, sino porque el sistema lo necesitaba. En un país donde la justicia se adapta al calendario político, los verdaderos archivos no están en los tribunales, sino en la conciencia colectiva. Y esa, lamentablemente, sigue vacía.