En el Perú, las instituciones no previenen tragedias: las certifican. Cuando la burocracia se duerme, la muerte firma el acta. Siete personas perdieron la vida por un suero fisiológico defectuoso distribuido por Medifarma, y solo entonces —meses después— Indecopi decidió hacer lo que mejor sabe: sancionar con retraso y posando de juez moral del desastre. La multa: 450 UIT, unos 2.4 millones de soles. Las víctimas, como siempre, apenas reciben silencio. El Estado, en cambio, recibe el dinero.
El caso es tan indignante como repetido. En abril de 2025 se inició el proceso tras confirmarse que el suero fisiológico al 9% que Medifarma distribuyó contenía fallas graves en su producción. Siete personas murieron, entre ellas una bebé de un año. Hubo convulsiones, edemas cerebrales y trombosis. En cualquier país serio, esto sería una tragedia nacional con consecuencias judiciales, renuncias y reformas. En el Perú, es un expediente más en la oficina del Estado que todo lo demora y nada repara.
Indecopi, el organismo que debería proteger al consumidor, actúa como un notario del dolor: certifica el daño, calcula el monto y deposita la multa al Tesoro Público. Pero ni un sol de esos 2.4 millones irá a las familias que perdieron a sus seres queridos. Las víctimas quedan, una vez más, fuera de la ecuación. No existe ley que las priorice. El sistema parece diseñado para castigar a las empresas de manera simbólica y eximir al Estado de su propia omisión.
Lo más alarmante es la cadena de negligencias. Un producto defectuoso no aparece por arte de magia. Hay controles, permisos sanitarios, sellos de calidad, inspectores. ¿Dónde estaban todos cuando el suero letal se distribuía en hospitales y clínicas? Si el objetivo del Estado es proteger, la pregunta es inevitable: ¿a quién protege realmente?.
Y mientras los tecnócratas redactan comunicados y los abogados apelan sanciones, las familias entierran a sus muertos. La multa luce contundente en los titulares, pero en la práctica solo enriquece las arcas de un Estado que fue cómplice por omisión. La justicia, cuando llega, llega sin rostro ni reparación.
El caso Medifarma no solo desnuda el desinterés de una empresa, sino el fracaso de un Estado que confunde castigar con reparar. La sanción económica no resucita vidas, ni limpia la conciencia de instituciones que reaccionan siempre después del velorio.
Reflexión final
El Perú necesita una ley que ponga a las víctimas en el centro, no al fisco. Indecopi debería ser defensor, no recaudador; fiscalizador, no notario. Pero nada cambiará mientras sigamos aceptando que la justicia llegue cuando ya no hay a quién salvar.
Porque aquí, las multas no corrigen —solo maquillan la culpa. Y mientras el Estado cobra, los dolientes pagan la verdadera factura: la del olvido.