A Eduardo Ruiz Sanz lo mató un disparo policial en una protesta. No es conjetura ni rumor: el propio comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, confirmó que el tirador fue el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la Dirincri. Todo lo demás —“hecho aislado”, “confusión”, “defensa propia”— funciona como niebla para ocultar la pregunta que define quién manda en una democracia: quién autorizó armas letales en una marcha ciudadana y bajo qué reglas.
Sabemos que hubo, como mínimo, dos efectivos disparando. Uno está plenamente identificado; el otro también ha sido detenido. Si algo así ocurre durante un operativo planificado, no hablamos de accidente sino de decisiones, omisiones o permisividad en la cadena de mando. Óscar Arriola anunció además la separación de generales “para garantizar transparencia”. No es un gesto ornamental: sugiere fallas de conducción. Cuando no hay errores de mando, no se remueve a los mandos.
La cronología importa. Primero llegaron las negaciones y los eufemismos; luego, las imágenes y la admisión. Cuando la verdad entra a escena después del discurso, el discurso deja de ser prudencia y se convierte en control de daños. El general Arriola ofreció condolencias y confirmó la detención del suboficial, hoy hospitalizado. Corrección necesaria, pero insuficiente. Las condolencias oficiales, por dignas que suenen, no sustituyen respuestas.
La ciudadanía tiene derecho a saber si el plan de operaciones contempló armas letales, si existían protocolos de desescalamiento, si las cámaras corporales estaban activas, si hubo supervisión en tiempo real y qué trazabilidad tienen las municiones disparadas. Esas preguntas no caben en un pésame; caben en expedientes, firmas y responsabilidades concretas.
Defender a la Policía no significa blindarla del escrutinio, sino protegerla de los errores de conducción. Un cuerpo sin entrenamiento suficiente para el manejo de multitudes, sin control civil robusto, sin cámaras obligatorias y sin sanciones oportunas termina sacrificando su propia legitimidad.
También los buenos policías merecen que la verdad se imponga, porque solo así se separa la autoridad de la impunidad y se salvaguarda el servicio público del uso legítimo de la fuerza. Aquí la palabra del general Óscar Arriola pesa, y debe pesar para algo más que la confirmación del tirador: tiene que abrir el camino a la transparencia completa del operativo y al deslinde de responsabilidades de mando.
La protesta incomoda, sí, y por eso revela. Si el Estado convierte una plaza en zona de tiro cuando el guion político se complica, ya no se trata de seguridad sino de miedo uniformado. Identificar al tirador es apenas el primer peldaño de una escalera más alta. Hay que seguir la ruta de órdenes, supervisiones y reportes; abrir el plan de operaciones; fijar prohibiciones explícitas al uso de armas letales en manifestaciones; estandarizar protocolos públicos de contención; asegurar almacenamiento independiente de las imágenes; auditar municiones y publicar hallazgos sin maquillaje. Esa hoja de ruta es el mínimo ético después de que Óscar Arriola confirmó lo que el poder negó.
La justicia no se agota en un nombre propio ni en una disculpa con micrófono. Empieza cuando la cadena de mando se asume, cuando los protocolos se transparentan, cuando las sanciones son efectivas y cuando la reparación a la familia no se reduce a una fórmula de cortesía. Sin mando responsable identificado y corregido, solo se cambian peones mientras la partida sigue igual.
Reflexión
La Caja Negra no pide espectáculo ni chivos expiatorios: exige responsabilidades completas. La pregunta que no admite evasivas sigue en pie y debe responderse con documentos, cargos y consecuencias: ¿quién dio la orden? Responderla —con la voz y las acciones del general Óscar Arriola, del Ministerio del Interior y del poder político— honra a Eduardo Ruiz Sanz, protege a quienes marchan y también a los policías que cumplen la ley. Democracia es fuerza subordinada a la verdad. Todo lo demás es humo que no tapa el olor de la pólvora.