La primera gran marcha bajo José Jerí terminó con un parte médico compartido: policías y manifestantes heridos. No es una victoria de nadie; es la estadística de un Estado que se discute a sí mismo a golpes mientras el crimen observa y toma nota. La violencia no conduce a nada, pero revela algo: la calle exige conducción política; el Gobierno y el Congreso siguen sin ofrecerla.
El reclamo es inequívoco y directo: seguridad mínima, instituciones que funcionen, un horizonte nítido. El saldo que dejó el régimen anterior no es continuidad democrática, sino continuidad del miedo: extorsiones a diario, sicariato en horario familiar y mafias con mejor logística que la comisaría promedio. Jerí hereda un incendio y ha llegado a Palacio buscando la manguera; el Parlamento, por su parte, administra la coyuntura como si administrar fuera sinónimo de gobernar.
Un gobierno de transición no tiene el lujo del ensayo-error. La calle no se gestiona con comunicados ni con escoltas, sino con objetivos verificables, presupuesto y responsables con nombre y apellido. En seguridad, “vamos a evaluar” es otra forma de decir “que el tiempo haga su trabajo”. Y el tiempo, en el Perú, trabaja para el crimen organizado. Si la respuesta oficial al clamor ciudadano es agenda de fotos y promesas abstractas, el resultado es previsible: más desconfianza, más rabia, más heridos.
Mientras la marcha llevaba nombres y rostros de víctimas, el poder ofreció organigramas incompletos. Un gabinete que se arma a goteo transmite que la prioridad es completar sillas, no políticas. El Congreso perfecciona la aritmética de votos y olvida la trigonometría del fondo: cómo cortar la cadena de valor de la extorsión, cómo blindar testigos, cómo impedir que los penales sigan siendo centrales telefónicas del delito.
Cada herido de ayer es evidencia de una triple falla: del Ejecutivo, por no conducir; del Congreso, por no corregir; y de una élite que administra el mensaje mientras el barrio administra el miedo. Sin resultados en semanas —no en semestres— el país seguirá acumulando frustración. Los estallidos sociales no se convocan: maduran en silencio hasta que irrumpen.
La Caja Negra defiende el derecho a protestar pacíficamente y rechaza cualquier agresión: contra ciudadanos y contra la Policía. Pero exige política, no eslóganes. El Gobierno y el Congreso deben actuar en tiempo real: mando único de inteligencia con metas públicas y auditoría externa; trazabilidad financiera para congelar activos de clanes en horas y no en meses; intervención penitenciaria con señal cero y escaneo obligatorio; mapa de calor con contratos-objetivo por comisaría y sanción a quien no cumpla; protección integral a denunciantes y víctimas financiada con bienes incautados; fuerzas de tarea en mercados, paraderos y corredores logísticos con cámaras interoperables; compras de seguridad centralizadas con control concurrente; paquete legal exprés que tipifique el cobro de cupos y agrave la extorsión digital; y un consejo ciudadano con acceso a datos, cronograma y tableros abiertos. Al Congreso le toca además una señal política simple: priorizar esta agenda en 30 días y dejar de legislar para sí mismo.
Hoy Lima sangra y el poder bosteza. No bastan llamados al “diálogo” cuando el diálogo llega con ambulancia. O el Ejecutivo gobierna y el Congreso legisla —con plan, ley y resultados mensurables— o la agenda la seguirá escribiendo el crimen. Que la próxima marcha sea solo en una dirección: hacia abajo, en las cifras del delito.