El Perú ha llegado al punto donde la indiferencia se confunde con gestión y la impunidad con liderazgo. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, no solo minimizó la muerte de Mauricio Ruiz —rapero de 32 años, asesinado durante la marcha del 15 de octubre—, sino que enterró simbólicamente la responsabilidad del Estado bajo el cemento del cinismo. En un país con memoria reciente de represión y sangre, estas palabras no son una torpeza política: son una declaración de desprecio por la vida.
Tiburcio dice que “no hay costo político” porque “todo se planificó respetando los derechos humanos”. Qué conveniente: la represión ahora se programa con cronograma y cronómetro. La violencia tiene guion, y la muerte, un justificativo administrativo. Mientras el país observa los videos del operativo y los reportes de la Defensoría, el ministro insiste en que “nadie salió a matar”. Pero alguien sí salió armado. Alguien apretó el gatillo. Y alguien —bajo su mando— decidió que la protesta era más peligrosa que la bala.
No es la primera vez que un gobierno peruano encubre sus abusos con retórica de orden y seguridad. Dina Boluarte dejó decenas de muertos en Ayacucho y Juliaca, sin un solo responsable sancionado. Ahora, José Jerí y su ministro Tiburcio repiten el libreto del “todo fue pacífico” mientras los hospitales cuentan heridos y las familias entierran a sus muertos. La fórmula es vieja: negar, justificar, culpar y archivar. La impunidad se ha institucionalizado.
Peor aún, el discurso del ministro revela un síntoma profundo: el desprecio del poder por el ciudadano que protesta. La lógica es perversa: si marchas, estorbas; si reclamas, desestabilizas; si mueres, fue “un exceso”. Así se fabrica una democracia sin pueblo, sostenida por uniformes y comunicados.
Mauricio Ruiz no fue un agitador ni un terrorista, fue un joven artista que marchaba por su derecho a protestar. Y murió con una bala que representa mucho más que un error operativo: simboliza la fractura moral del Estado. Cuando un ministro reduce una muerte a “sin costo político”, lo que en realidad dice es: la vida no cuesta nada. Y eso, en cualquier país civilizado, debería costarle el cargo de inmediato.
El gobierno puede repetir que investiga, que lamenta, que “nadie quiso”. Pero mientras las balas sigan teniendo dueño y las responsabilidades sigan huérfanas, no hay Estado, solo poder armado. Vicente Tiburcio encarna el rostro de una autoridad que perdió la empatía, el control y la vergüenza.
Reflexión final
Una democracia que contabiliza muertos como daños colaterales no es una democracia: es un simulacro. Si el ministro cree que no hay costo político, que lo sepa: el costo moral lo pagamos todos. Porque cada bala disparada contra un manifestante es un disparo contra la propia República. Y si la sociedad no exige justicia, entonces todos habremos muerto un poco con Mauricio Ruiz.