La noche del 15 de octubre, el Perú volvió a manchar sus calles con sangre. Eduardo Ruiz Sáenz, joven rapero conocido como Trvko, cayó abatido por una bala mientras ejercía su derecho a protestar. El disparo, según testigos, provino de un policía vestido de civil. En cualquier país democrático, este hecho encendería una tormenta política. En el Perú, solo provocó declaraciones vacías, condolencias prefabricadas y la infame frase del ministro del Interior: “Para mí no hay costo político”.
Un muerto, decenas de heridos, gases lacrimógenos y caos en el corazón de Lima. La escena ya es un clásico contemporáneo del Estado peruano: la represión como política pública y el silencio como estrategia de gobierno. José Jerí, el presidente sin voto ni legitimidad, lamentó el “fallecimiento del ciudadano” en redes sociales, con la frialdad de quien firma un comunicado, no de quien conduce un país. Ni una palabra sobre responsabilidades. Ni una decisión inmediata. Ni un gesto humano.
Mientras tanto, el ministro Vicente Tiburcio defendía con descaro el operativo policial, asegurando que “todo fue planificado respetando los derechos humanos”. Una frase que duele por su contradicción: planificar una marcha pacífica que termina con un muerto no es respeto, es cinismo. Y la represión no fue casual. Detrás de cada disparo hay una orden, y detrás de cada orden, una política de miedo. El mensaje es claro: protestar se castiga. El ciudadano que grita en la calle vale menos que el que aplaude desde el Congreso.
El gobierno de Jerí parece más preocupado en silenciar el descontento que en gobernar. Con un Congreso aliado y un país harto, la distancia entre la democracia y la dictadura se mide hoy en el calibre de una bala. Porque cuando el poder responde con plomo a la indignación, el Estado deja de proteger y empieza a perseguir. Y mientras se repite el discurso del “orden” y la “estabilidad”, las calles siguen ardiendo. No es por ideología, es por dignidad.
La muerte de Eduardo Ruiz no es un hecho aislado: es la radiografía de un sistema que perdió el alma. Cada gobierno promete no repetir los errores del anterior, y cada uno los repite con más torpeza y menos vergüenza. Hoy el Perú no solo llora a un joven asesinado, llora también el derrumbe moral de su clase política.
Reflexión final
Un país donde el Estado mata y nadie asume responsabilidad está condenado a revivir su tragedia una y otra vez.
José Jerí y su ministro pueden intentar esconderse detrás de comunicados y tecnicismos, pero una bala no se borra con declaraciones.
La democracia no se mide por cuántas marchas se toleran, sino por cuántas vidas se respetan. Y si el poder sigue creyendo que la muerte no tiene costo político, el pueblo tarde o temprano le recordará que la vida siempre termina pasando la factura.