El Perú tiene un nuevo récord de impunidad. Hoy, el país es dirigido por un presidente y un premier que cargan en su historial denuncias por agresión sexual, ambos “liberados” judicialmente por ese mecanismo tan peruano de archivo exprés. El mensaje es claro: aquí se puede gobernar con acusaciones graves siempre que se tenga el respaldo del poder, la indiferencia de las instituciones y el olvido colectivo como escudo político.
El presidente José Jerí y su flamante primer ministro Ernesto Álvarez Miranda son la viva prueba de que la moral pública se encuentra en cuidados intensivos. Uno fue acusado de violación en 2024; el otro, de abuso sexual en 2016. Ninguno enfrentó consecuencias reales. Las carpetas se cerraron, los expedientes se archivaron, y la justicia —esa dama ciega, sorda y muda— volvió a demostrar que en el Perú la impunidad tiene rango constitucional.
Los colectivos feministas y organizaciones como el Centro Flora Tristán levantan la voz, no solo por indignación, sino por agotamiento. La directora Liz Meléndez lo dijo sin rodeos: “Hay una altísima tolerancia a la violencia, al punto que ya no se considera cuando se busca autoridades”. Es decir, la vara moral del Estado no solo se bajó, se enterró. En un país donde la mitad de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, el gobierno parece considerar que los antecedentes por agresión son un simple detalle administrativo.
Mientras tanto, desde Palacio se ensayan comunicados de rutina: “son denuncias archivadas”, “no hay sentencia”, “no hay pruebas”. Frases que suenan a copia y pega, repetidas hasta el cansancio por políticos que entienden la impunidad como estrategia de supervivencia. Pero lo que está en juego no son solo los nombres de Jerí o Álvarez, sino la credibilidad del Estado y la confianza de las víctimas, esas mujeres que se enfrentan a un sistema judicial que las culpa por haber denunciado.
En el Perú, denunciar sigue siendo un acto de heroísmo solitario. Las víctimas son sometidas a peritajes, interrogatorios y dudas; sus agresores, en cambio, juran, gobiernan y legislan. La justicia, cuando llega, lo hace tarde y desfigurada. La impunidad no es un accidente: es una política de Estado no declarada.
Que el país sea gobernado por hombres con antecedentes de violencia sexual no es solo un insulto al movimiento de mujeres, es una afrenta al sentido común y a la ética más básica. La indiferencia institucional ha normalizado lo intolerable: la violencia sin consecuencias.
Reflexión final:
En este Perú sin memoria, la justicia archiva, el poder protege y el silencio legitima. La pregunta ya no es cómo llegamos hasta aquí, sino hasta cuándo vamos a tolerarlo. Porque cada vez que un agresor llega al poder, no solo gana él: pierde todo un país que se resigna a vivir en la sombra de su propia vergüenza.