A Eduardo Ruiz Sanz, “Trvko”, lo mató una bala en una marcha. A la democracia, la remató el reflejo automático de encubrimiento. Lo que siguió —según denunció el abogado Rodrigo Noblecilla— parecía un guion ensayado: policías intentando llevarse el cadáver, presión a un fiscal y prisa por controlar la versión oficial. Cuando un Estado corre más rápido para custodiar un relato que para proteger una vida, sabemos que hemos cruzado una línea peligrosa.
Los hechos son tozudos. En Plaza Francia, testigos señalan a un presunto agente vestido de civil como autor del disparo. La Defensoría confirmó el deceso; el Minsa certificó que Eduardo llegó sin signos vitales al Loayza. En ese mismo escenario, el abogado de la familia afirma que dos generales quisieron “asumir” la investigación y trasladar el cuerpo pese a que las diligencias forenses podían realizarse en el hospital. ¿Urgencia sanitaria? No. Urgencia narrativa.
Hubo, además, —siempre según Noblecilla— un intento de apartar al fiscal para “conversar en privado”. La transparencia, afortunadamente, no aceptó pasillo. Pero el gesto queda: cuando el poder busca el rincón menos iluminado, no es para rezar. Es para negociar la verdad.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, declaró que “para mí no hay costo político”. Tal vez por eso el costo lo están pagando los ciudadanos: uno muerto, decenas de heridos, periodistas golpeados. Si el titular del sector ve la tragedia como contabilidad, ¿quién asume el valor humano? ¿Quién responde por el disparo, por el operativo, por el mando? Y el presidente José Jerí, que en la tarde avaló el despliegue, de noche publicó el consabido “que se investigue”. Fórmula perfecta: luz verde antes, distancia prudente después.
Esta combinación —represión + control del relato— no es solo injusta: es torpemente peligrosa. Porque el mensaje que emite el Estado es devastador: “podemos usar la fuerza y también administrar la evidencia”. En un país con historial de impunidad, esa frase no disuade la violencia; la legitima. Y, de paso, incendia la calle.
Aquí hay tres urgencias inseparables: preservación de la evidencia, investigación independiente y responsabilidad política. Sin cadena de custodia blindada, sin peritajes realizados por Medicina Legal y bajo conducción fiscal, cualquier proceso nace herido. Sin identificación del tirador, del jefe del operativo y de la línea de mando, la justicia se vuelve consigna vacía. Y sin renuncias, sanciones o correctivos claros desde el Ejecutivo, la autoridad moral queda del tamaño de un tuit.
Reflexión
Una democracia se reconoce por cómo trata a sus disidentes y a sus muertos. Eduardo Ruiz Sanz tenía un nombre, una familia y un derecho: protestar. El Estado tenía un deber: no disparar. Y, si algo salía mal, otro deber aún más elemental: no estorbar la verdad. Que esta investigación la conduzca el Ministerio Público con independencia plena, que la Policía entregue todo registro y agente involucrado, y que el Gobierno deje de administrar daños para empezar a asumir responsabilidades. Si el poder insiste en disparar y, además, apagar la luz, no habrá necropsia que alcance para revivir la confianza pública.