La escena es clara: un ciudadano muere durante una protesta y la política finge sorpresa. Esta vez, la congresista Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra José Jerí (presidente del Congreso encargado de la Presidencia), el premier Ernesto Álvarez y el ministro del Interior Vicente Tiburcio, tras confirmarse que el disparo lo hizo el suboficial PNP Luis Magallanes. ¿Duro? Sí. ¿Excesivo? No. La Constitución no es un souvenir para vitrina: es un contrato con cláusulas de responsabilidad cuando el Estado falla donde más importa —proteger la vida y la protesta.
La denuncia no se sostiene en adjetivos, sino en artículos: el 2.1 (derecho a la vida e integridad), el 3 (derecho a la protesta), el 39 (funcionarios al servicio de la Nación) y el 44 (deber de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos). Traduzcamos la jerga legal: si un operativo público termina con un civil abatido, el problema no es solo “quién jaló el gatillo”, sino quién diseñó, autorizó, ejecutó y toleró un esquema que hizo previsible el daño. Eso se llama responsabilidad política, y su trámite se llama acusación constitucional.
¿Y qué implica? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa admisibilidad; si procede, se investiga, se corre traslado a los denunciados, se emite informe a la Comisión Permanente y, finalmente, el Pleno decide. No es un paseo: puede derivar en inhabilitación para el ejercicio de la función pública y en abrir el carril para responsabilidades penales y administrativas. El proceso existe para algo más que llenar titulares: evitar que la cadena de mando se disuelva en comunicados.
La denuncia también es un mensaje institucional: la protesta es un derecho, no un obstáculo logístico; la PNP sirve a la ciudadanía, no a la ansiedad del gobierno de turno; y el Ejecutivo no puede confundir “orden” con “represión preventiva”. El estándar democrático exige protocolos proporcionales, identificación visible, reglas de uso de la fuerza y supervisión civil efectiva. Cuando todo eso falla y alguien muere, la omisión también mata. La acusación constitucional, entonces, no es revancha: es la herramienta para recomponer el pacto.
La tentación del “no politicen la tragedia” es conocida: se usa para congelar la política justo cuando debe actuar. Politizar con rigor —con hechos, normas y procedimientos— es lo opuesto al show. La denuncia presentada fija un punto: si desde la cúspide se normaliza la bala, desde la cúspide debe responderse. Blindar ahora sería institucionalizar la impunidad; tramitar con seriedad es devolverle algo de oxígeno a la República.
Reflexión
La memoria de Eduardo Ruiz Sanz demanda más que velas: exige que el Congreso tramite la acusación sin pactos bajo la mesa, que el Ejecutivo corrija protocolos letales y que la PNP rinda cuentas con transparencia. Si la Constitución sirve, debe servir cuando duele. La Caja Negra se queda con una idea simple: la denuncia constitucional no es una amenaza al gobierno; es un recordatorio de que gobernar comienza por garantizar que la gente vuelva viva a su casa. Si eso incomoda, es porque por fin estamos discutiendo lo esencial.