Qué curioso concepto de “reconciliación y limpieza” el del flamante Gobierno: mientras el país marcha contra la inseguridad y exige instituciones decentes, el Consejo de Ministros arranca con titulares que ya llegan con mochila judicial. No es un rumor: dos ministros declararon tener procesos penales en trámite; lo pusieron por escrito en sus propias declaraciones juradas. El Estado que debería investigar y sancionar, empieza por premiar con carteras. El mensaje a la ciudadanía es nítido: la puerta giratoria entre el banquillo y el despacho ministerial funciona sin chirriar.
El caso emblema es Wilder Sifuentes, hoy a cargo de Vivienda. En su declaración jurada reporta cinco investigaciones: negociación incompatible, defraudación, dos por usurpación agravada y una por contaminación ambiental. Sí, todo eso en la hoja de vida del funcionario responsable de obras, saneamiento y, de paso, de asegurar que la ejecución pública no se contamine… ni literal ni metafóricamente. La gravedad no es opinable: la usurpación agravada puede acarrear penas de cinco a doce años. Y, pese a los pedidos de información, el ministerio prefirió el silencio administrativo como política de comunicación. Transparencia, versión minimalista.
El segundo es Óscar Fernández, ministro de Trabajo. Reconoce un proceso por colusión vinculado a su paso por el IPD. La propia cartera explicó que hubo una licitación fallida por S/2.5 millones, anulada cuando la Contraloría halló que la buena pro se otorgó sin “requisitos esenciales”. Perfecto: si el caso ya está judicializado, lo prudente es apartarse mientras la justicia resuelve. Pero aquí lo prudente es optativo y lo conveniente, obligatorio.
Y mientras se nos pide creer en el “cambio de rumbo”, aparece otra perla administrativa: la ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, no consignó en su declaración dos sentencias consentidas por aportes de AFP impagos, el mismo motivo por el que fue excluida de una campaña electoral. Para un sector que debe liderar la política de cuidados y confianza, arrancar con omisiones no es precisamente inspirador.
El problema excede nombres propios. Es un método. Si el presidente José Jerí fue informado por ley de estas declaraciones —como manda el procedimiento— y aun así los sostuvo, entonces el estándar ético del Gobierno se resume en un eslogan peligrosamente conocido: “mientras no haya sentencia”. Esa lógica nos trajo hasta aquí: gabinetes que normalizan la sombra, congresos que blindan, y una ciudadanía que solo encuentra justicia en la calle.
El país no exige santos ni prodigios, exige filtros. ¿Es mucho pedir que, en medio de la peor crisis de seguridad y confianza, los ministros lleguen sin procesos abiertos por corrupción, usurpación o colusión? Si el Gobierno pretende “guerra al crimen”, empiece por no designar generales con causas pendientes. La autoridad moral no se decreta; se construye con decisiones que resistan la luz.
Reflexión final
Gobernar es elegir: qué causas se asumen, qué personas se ponen al frente, qué límites se trazan. Este gabinete eligió correr la raya. Si Jerí quiere diferenciarse del legado de improvisación y cinismo que dejó el ciclo anterior, debe rehacer su equipo con criterios que eleven el estándar, no que lo arrastren. Porque un Estado que pide confianza mientras ignora alertas formales no lidera: declina. Y cuando la ética declina, la calle gobierna.