En el Perú, los abusos ya no aterrizan: despegan. Desde el 27 de octubre, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez —ese hangar glorificado que lleva dos décadas prometiendo ser el “hub de Sudamérica”— empezará a cobrar 12,67 dólares a los pasajeros internacionales que tengan la osadía de hacer escala en Lima. Lo llaman “Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia”, pero suena más a impuesto al maltrato.
Porque si algo sobra en el Jorge Chávez, además de colas, caos y cafeterías carísimas, es mala gestión con pretensiones de modernidad. El mismo aeropuerto donde las maletas tardan una eternidad, los baños fallan y las esperas se hacen eternas, ahora pretende cobrarle al pasajero por “usar las instalaciones”. Instalaciones que, dicho sea de paso, se parecen más a un terminal provincial sobredimensionado que a la puerta de entrada de un país que dice aspirar al desarrollo.
La empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP) argumenta que la tarifa cubre 26 servicios —desde inspección de equipajes hasta atención médica—, pero cualquiera que haya pasado por el terminal sabe que lo único que se inspecciona con rigurosidad es el bolsillo del viajero. Ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ni Indecopi, ni mucho menos el gobierno de José Jerí, han dicho algo al respecto. El silencio estatal es tan elocuente como la tarifa: un nuevo ejemplo del Estado ausente, cómodo en su rol de espectador mientras los privados hacen caja.
Lo irónico es que el Jorge Chávez iba a ser el gran hub regional, el orgullo aeroportuario de Sudamérica. Hoy, con esta medida, más parece un peaje aéreo disfrazado de infraestructura. En lugar de atraer más pasajeros, los espanta; en vez de brindar comodidad, vende incomodidad premium. Y, claro, en un país donde nadie fiscaliza, cobrar por un mal servicio es casi una tradición nacional.
Mientras en otros aeropuertos del mundo se compite por ofrecer experiencias agradables, aquí se cobra por sobrevivir al tránsito de conexión. LAP ha dispuesto “módulos de pago” y una plataforma digital, como si pagar por una escala fuera un privilegio tecnológico. Y el gobierno, fiel a su estilo, no regula, no supervisa, no defiende al ciudadano, solo asiente desde el silencio burocrático. El Perú, en suma, sigue privatizando hasta la paciencia.
Cobrarle al pasajero por hacer escala en un aeropuerto con baños clausurados y colas interminables no es una política moderna: es un insulto institucional. Es la muestra más clara de cómo los intereses empresariales pesan más que el bienestar ciudadano, y de cómo un gobierno débil permite que la desvergüenza se normalice.
Reflexión final:
Mientras el Jorge Chávez se convierte en el aeropuerto del absurdo, el Estado sigue volando en piloto automático. La gran pregunta es quién aterrizará primero: ¿la dignidad de los peruanos o la próxima tarifa que nos inventen para disfrazar la ineficiencia? En el país del desgobierno perpetuo, hasta las escalas tienen precio, y el abuso, pasaporte diplomático.