En el Perú, la palabra “suspensión” se ha vuelto el comodín de la impunidad. Hoy están fuera de sus cargos —“hasta la culminación del proceso sumario”— el jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, junto con los generales Marco Conde Cuéllar (Investigación Criminal) y Augusto Ríos Tirabanti (Inteligencia). Un país que llora a un artista —Eduardo Ruiz Sanz, Trvko— no necesita comunicados asépticos: necesita verdad, responsabilidades y justicia. La suspensión no es justicia; es un while(true) burocrático.
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que el autor del disparo sería el suboficial Luis Magallanes, y que hay otro efectivo implicado. Se promete “plena transparencia”. Traduzcamos: se mueven fichas, cambian puestos, hay fotos y conferencias. ¿Alcanza? La cadena de mando no es un hilo invisible: es una escalera con nombres, órdenes y protocolos. El gatillo no se apretó solo ni la bala viajó por intuición.
Si hubo uso indebido de la fuerza, falló la doctrina, el control y el mando. Y cuando falla el mando, separar a Felipe Monroy, Marco Conde Cuéllar y Augusto Ríos Tirabanti es apenas el mínimo administrativo.
Corresponde lo elemental en un Estado de derecho: detención preliminar proporcional y motivada para asegurar la investigación, levantar el secreto de comunicaciones cuando corresponda, peritajes independientes y deslinde penal claro. Si se acredita responsabilidad,cárcel.
También existe la responsabilidad política. El presidente José Jerí y su gabinete no pueden aplaudir despliegues policiales un día y al siguiente refugiarse en tecnicismos. Gobernar es hacerse cargo: si el operativo fue mal diseñado o mal conducido, la responsabilidad no se terceriza. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dice investigar; bien. Pero investigar no es sinónimo de demorar. La vida de Trvko no es un daño colateral; es un límite ético que el poder no puede cruzar sin rendir cuentas.
La suspensión de Monroy, Conde Cuéllar y Ríos Tirabanti es el punto de partida, no la meta. Lo único compatible con la democracia es investigar toda la cadena de mando, solicitar medidas coercitivas cuando el peligro procesal lo justifique, acusar a quien se deba y sancionar sin titubeos. No más canastas de víveres como premio a la “mano dura”. No más eufemismos: hubo un disparo, hubo una muerte, hay responsables.
Reflexión
Esta columna no pide cabezas: pide normas que se cumplan, fiscales que actúen, jueces que resistan presiones y autoridades que entiendan que la protesta es un derecho, no un estorbo. Defender la vida y la libertad no es un acto de valentía; es el piso moral de cualquier república. Si hoy normalizamos la suspensión, mañana normalizaremos la bala. En La Caja Negra, elegimos lo contrario: verdad, justicia y memoria.